Opacidad de dineros con Pérez Cuéllar
El activismo político del alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, ha traspasado las fronteras de su municipio para instalarse de lleno en la capital del estado, bajo una narrativa de convivencia social que oculta una campaña de posicionamiento rumbo a la gubernatura. Eventos recientes, como la multitudinaria comida para cinco mil personas en el Centro de Convenciones el pasado 21 de marzo y la función de lucha libre con cartelera de la Triple A en la Plaza de Armas de Chihuahua, ponen de relieve un despliegue de recursos económicos que desafía la lógica de la austeridad republicana y levanta serias interrogantes sobre el origen y el destino de tales capitales.
La tesis que sostiene estas movilizaciones es profundamente cuestionable desde la ética pública. Por un lado, si estos eventos de alto costo, sumados a la proliferación de espectaculares, bardas y entrevistas pagadas en medios nacionales, provienen del erario municipal de Juárez, estaríamos ante un desvío de recursos flagrante y censurable. Resulta técnica y moralmente injustificable que el presupuesto destinado a los servicios y la seguridad de los juarenses se utilice para financiar el «baño de masas» de un actor político en otras latitudes. La opacidad en la rendición de cuentas sobre estos gastos debilita la confianza institucional y coloca la ambición personal por encima del mandato administrativo.
Por otro lado, la versión oficial que atribuye estos gastos millonarios a la generosidad de un grupo de amigos resulta incluso más alarmante para el análisis democrático. En la política profesional, las inversiones de este calibre rara vez son filantrópicas; por el contrario, suelen ser anticipos de favores que se cobrarán con intereses en el futuro ejercicio del poder. Si grupos de interés están financiando hoy fiestas para miles y espectáculos deportivos costosos, la pregunta obligada es cómo planean recuperar esos millones invertidos. La respuesta suele hallarse en la asignación dirigida de contratos de obra pública, concesiones de servicios o privilegios regulatorios, lo que convertiría a una futura administración en rehén de sus patrocinadores.
Este proselitismo disfrazado de recreación popular no es más que una precampaña que elude la fiscalización electoral. Sin transparencia en el financiamiento, la democracia se transforma en una subasta donde el ganador no es quien ofrece mejores soluciones, sino quien cuenta con los amigos más acaudalados o la disposición más laxa para disponer del dinero público.
Las frágiles cartas de Gilberto Loya
La reciente intensificación de la campaña de imagen de Gilberto Loya Chávez, secretario de Seguridad Pública de Chihuahua, ha encendido las alarmas en el tablero político estatal, no por su fortaleza, sino por la desconexión entre sus ambiciones y la realidad estadística. El funcionario ha comenzado a «poner sobre la mesa» sus resultados como aval para buscar la candidatura del PAN a la gubernatura en 2027, pretendiendo competir directamente contra el alcalde capitalino, Marco Bonilla. Sin embargo, este movimiento parece ignorar que las cifras de criminalidad y el posicionamiento en las encuestas sitúan su proyecto más cerca del despropósito que de la viabilidad política.
El principal obstáculo de Loya no es solo la percepción ciudadana, sino el peso de los datos oficiales. Chihuahua cerró el año 2025 consolidado como el segundo estado más violento de México en términos de homicidios dolosos. Para un funcionario cuya única plataforma es la seguridad y la tecnología de la Plataforma Centinela, ostentar este deshonroso subcampeonato nacional de letalidad anula cualquier narrativa de éxito administrativo. Resulta contradictorio intentar vender un modelo de eficiencia cuando las calles del estado siguen contando víctimas por cientos cada mes, manteniendo a la entidad en el epicentro de la crisis forense y de inseguridad del país.
En el terreno electoral, el panorama es igualmente adverso. Con un conocimiento de imagen que apenas alcanza un solo dígito en las encuestas de preferencia, Loya se enfrenta a un Marco Bonilla que no solo domina los sondeos, sino que cuenta con el respaldo orgánico de la militancia panista. La aparente bendición de la gobernadora Maru Campos hacia su secretario parece estar reeditando el fenómeno de la administración pasada: un gobernante intentando imponer a un sucesor por encima del favorito de las bases. Esta dinámica recuerda el choque entre Javier Corral y la propia Maru Campos, donde el aparato oficial intentó frenar sin éxito a quien hoy ostenta el poder.
Intentar equiparar la gestión de una ciudad con altos niveles de aprobación frente a una estrategia de seguridad estatal cuestionada por sus resultados mínimos es un cálculo arriesgado. Ni los espectaculares pagados por revistas de reciente creación ni las bardas pintadas en todo el territorio podrán sustituir la falta de estructura política y, sobre todo, la ausencia de una paz social que hoy Chihuahua sigue esperando.
Desaparecidos: política del olvido
La crisis de desapariciones en México ha dejado de ser únicamente una tragedia humanitaria para convertirse en un campo de batalla de narrativas, donde la negación parece haberse institucionalizado como política de Estado. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el abordaje de este fenómeno ha estado marcado por una contradicción lacerante: una apertura retórica hacia las causas sociales internacionales que choca de frente con la indiferencia y el cierre de puertas hacia las víctimas internas. El contraste más ominoso de esta gestión es, sin duda, la imagen del mandatario recibiendo con honores a las Madres de Plaza de Mayo de Argentina, mientras se ha negado sistemáticamente a conceder una audiencia similar a las madres buscadoras de México, quienes diariamente excavan la tierra con sus propias manos en busca de sus hijos.
Este desdén hacia los colectivos de búsqueda no es un hecho aislado, sino la base de una estrategia de invisibilización que utiliza el aparato gubernamental para proteger la imagen de una pacificación que no llega. El punto más crítico de esta postura se manifestó en el reciente proceso de actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Bajo el argumento de una supuesta depuración para dar certeza a las cifras, el gobierno emprendió una maniobra de manipuleo estadístico que buscó, mediante criterios administrativos cuestionables, reducir drásticamente el número oficial de desaparecidos. Esta reducción en la narrativa oficial no responde a una localización real de las víctimas, sino a una necesidad política de disminuir el costo electoral y de imagen que representa una cifra que supera las cien mil personas.
La gravedad de este «borrón y cuenta nueva» ha trascendido las fronteras nacionales, colocando a México en la mira de organismos internacionales. El manejo opaco de los censos y la falta de un sistema nacional de búsqueda efectivo amenazan con llevar el caso al pleno de la Organización de las Naciones Unidas, donde diversos comités ya han expresado su preocupación por la crisis forense y la impunidad imperante. Negar la dimensión del problema o intentar diluirlo entre tecnicismos burocráticos es una afrenta directa a las miles de familias que viven en vilo. La política de Estado actual parece apostar a que, si el dato no se menciona o se altera, el problema deja de existir, ignorando que cada fosa clandestina hallada por una madre buscadora desmiente la versión oficial de un México en paz.
