Chihuahua, Chih.- La iniciativa de Ley General de Aguas, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, genera alarma en el sector agropecuario chihuahuense al centralizar el manejo del recurso hídrico y restringir derechos consolidados de los productores, según denunció Arturo Medina Aguirre, coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso local. El legislador federalizó que esta reforma, enviada al Congreso de la Unión en octubre pasado, podría despojar de valor las tierras agrícolas y ganaderas al prohibir la transmisión de concesiones de agua, lo que agravaría la vulnerabilidad en una entidad dependiente del riego para su economía rural.
Medina Aguirre, en un pronunciamiento reciente, comparó la propuesta con una decisión tomada desde un escritorio en la capital del país, que ignora las realidades locales y pone en jaque la soberanía alimentaria de regiones áridas como Chihuahua. La ley, que busca modernizar la gestión del agua y garantizar el derecho humano al recurso, redefine el agua como un bien estratégico de la nación bajo rectoría exclusiva del Estado, eliminando su carácter de mercancía y priorizando el consumo humano sobre otros usos. Sin embargo, para los críticos, estas medidas traducen en mayor burocracia y control federal, a costa de la autonomía de los módulos de riego y organismos locales.
Centralización que elimina facultades regionales
La propuesta concentra en la Comisión Nacional del Agua todas las decisiones clave, desde el otorgamiento y prórroga de concesiones hasta su cancelación y aplicación de sanciones, lo que deja sin herramientas a las entidades federativas para responder a emergencias hídricas. En Chihuahua, donde el campo representa un pilar económico con miles de hectáreas dependientes de pozos y presas, esta centralización generaría demoras en trámites y mayor incertidumbre, según Medina. El legislador recordó que la norma elimina las atribuciones de los consejos de cuenca y módulos de riego, obligando a los productores a lidiar con procesos remotos que ignoran ciclos agrícolas locales.
Además, la iniciativa prohíbe la transmisión de concesiones entre particulares, incluso en casos de cambio de propietario o arrendamiento de tierras, lo que reduce el valor de las parcelas y afecta directamente a ejidos y pequeños agricultores. «La tierra solo vale si hay agua para producir; esta restricción la convierte en un activo muerto», enfatizó Medina Aguirre, quien ha convocado foros legislativos para analizar el impacto en el estado.
Otro punto de fricción radica en la creación de delitos hídricos, como la transferencia ilegal de agua con fines de lucro o la manipulación de medidores, perseguidos de oficio con penas que incluyen multas elevadas y hasta prisión. Medina advirtió que estas disposiciones abren la puerta a interpretaciones arbitrarias por parte de la autoridad, convirtiendo al productor en potencial delincuente por errores en reportes o mediciones. La ley también impone costos adicionales para tecnificación, monitoreo y cumplimiento burocrático, en un contexto donde el agro chihuahuense ya enfrenta sequías crónicas y presiones por el T-MEC.
«El esfuerzo del campo se criminaliza en vez de apoyarse; esta reforma llena de miedo a quienes dependen del agua para su sustento», sostuvo el priista, quien ve en la norma un intento de control político más que de sustentabilidad.
Apoyo inquebrantable del PRI al sector rural
El Partido Revolucionario Institucional en Chihuahua reafirma su compromiso histórico con el agropecuario, respaldando a ganaderos y campesinos en su oposición a la ley. Medina Aguirre subrayó que su grupo parlamentario acompañará las demandas del sector, desde audiencias públicas hasta acciones en el Congreso federal, para mitigar los efectos adversos. «No es una postura coyuntural; es defensa de familias que trabajan la tierra día a día», precisó.
En este sentido, el PRI ha sumado su voz a exhortos para revisar la iniciativa sin titubeos, alineándose con productores que exigen preservar derechos adquiridos y autonomía local.
La preocupación trasciende las declaraciones políticas y se materializa en protestas que escalan en Chihuahua. Campesinos de la región de Delicias y Cuauhtémoc han anunciado concentraciones en plazas públicas para rechazar la federalización de concesiones, temiendo que el gobierno centralice el agua y la use como instrumento de presión. Organizaciones agrícolas argumentan que la ley despoja de estabilidad a un sector que genera empleo para miles y contribuye al PIB estatal.
Medina concluyó su llamado con un mensaje de unidad: «El agua es vida y producción, no presión política. Defenderemos el campo chihuahuense con argumentos y de la mano de quienes lo sostienen». Mientras la iniciativa avanza en comisiones federales, el norte del país se prepara para una batalla que podría redefinir el futuro del agro en México.
