Villa Unión, Coahuila.- Un convoy de camionetas irrumpió en la localidad con hombres armados que portaban ametralladoras pesadas y rifles calibre .50. Su objetivo: incendiar el ayuntamiento para intimidar a las autoridades. La superioridad de fuego inmovilizó a policías locales y estatales, que resistieron hasta la llegada de refuerzos militares.
El tiroteo dejó cuatro agentes, dos civiles y 19 presuntos miembros del cártel muertos. En el lugar, los investigadores recolectaron al menos 45 casquillos calibre .50 marcados con “L.C.”, sigla de Lake City Army Ammunition Plant, la mayor fábrica de munición para rifles del Ejército estadounidense, ubicada en Independence, Misuri, y propiedad del gobierno federal.
Según documentos judiciales, registros de incautaciones y datos oficiales revisados por The New York Times y el ICIJ, acuerdos entre el Pentágono y contratistas privados han permitido que munición y componentes de Lake City lleguen al mercado civil estadounidense y, vía contrabando, a cárteles mexicanos. Estos proyectiles —del tamaño de un puro mediano, diseñados para destruir vehículos y aeronaves ligeras— se venden legalmente en EE.UU. por 3 a 4 dólares cada uno, aunque su uso civil es limitado.
Desde 2012, la ATF incautó más de 40.370 cartuchos calibre .50 en estados fronterizos; alrededor de un tercio provenían de Lake City, más que cualquier otro fabricante. Esta munición ha sido usada para derribar helicópteros, asesinar funcionarios, atacar convoyes policiales y masacrar civiles. En 2024, una variante incendiaria perforante de Lake City perforó un vehículo blindado mexicano, matando a un elemento e hiriendo a tres más.
El mercado estadounidense para calibre .50 es reducido: rifles como Barrett cuestan miles de dólares y ametralladoras pesadas mucho más. En cambio, los cárteles —con recursos ilimitados— buscan estos proyectiles para igualar o superar al Ejército y la policía. Testimonios como el del periodista Luis Manzano, quien llegó durante el tiroteo en Villa Unión, describen el estruendo que “hacía cimbrar el piso”.
El Ejército estadounidense argumenta que las ventas comerciales ahorran unos 50 millones de dólares anuales a los contribuyentes al reducir costos de producción. Contratistas como Olin Winchester (actual operador de Lake City) deben cumplir leyes federales, pero minoristas en línea han vendido munición perforante hasta hace pocos años.
Familiares de víctimas, como Brenda Aparicio Villegas —cuyo esposo, policía, murió en una emboscada del Cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán en 2019, donde también aparecieron casquillos Lake City—, exigen más controles. “Muchos pagamos el precio”, dijo.
A pesar de iniciativas bilaterales y declaraciones de organizaciones terroristas a cárteles, el flujo persiste. Exagentes de la ATF destacan que un solo calibre .50 puede inclinar la balanza en un enfrentamiento, permitiendo ataques a más de 1.5 km.La investigación expone una paradoja: una planta clave para la defensa estadounidense suministra indirectamente armamento que empodera a grupos criminales transfronterizos, agravando la violencia en México.
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