EL PASO, Texas. — Una grabación de llamadas al 911 obtenida por The Washington Post revela que el personal del centro de detención Camp East Montana, en El Paso, reportó inicialmente la muerte de Geraldo Lunas Campos como un intento de suicidio, versión que choca frontalmente con el dictamen de la autopsia oficial, que clasificó el fallecimiento como homicidio causado por asfixia por compresión del cuello y torso.
El teniente Paul Walden llamó al servicio de emergencias a las 21:37 horas del 3 de enero para informar que el detenido cubano de 55 años “había intentado ahorcarse” y que, tras ser puesto bajo custodia, “seguimos adelante”. Los paramédicos llegaron once minutos después por un supuesto suicidio y encontraron al hombre sin signos vitales en el piso de su celda, mientras dos empleados le practicaban reanimación cardiopulmonar.
Cerca de una hora más tarde, a las 22:38, el subdirector Daniel Ríos solicitó la presencia de un detective policial para investigar un “suicidio” ocurrido minutos antes, aunque admitió no contar aún con detalles del incidente.
El reporte de autopsia, divulgado la semana pasada por la Oficina del Médico Forense del Condado de El Paso, determinó que la causa de muerte fue homicidio: asfixia por compresión del cuello y torso. El médico forense adjunto Adam C. González precisó que Lunas Campos perdió el conocimiento “mientras era físicamente sometido por agentes del orden”.
Un testigo presencial, el detenido Santos Jesús Flores, relató al diario que observó a varios guardias ahogar al cubano después de que este se resistiera a ingresar a una celda de segregación. Según su testimonio, Lunas Campos —esposado de manos y pies— repetía “No puedo respirar” mientras pedía su medicamento psiquiátrico. El episodio ocurrió ante la vista de decenas de otros detenidos.
Lunas Campos, diagnosticado con trastorno bipolar y ansiedad, había sido trasladado a aislamiento tras mostrarse frustrado por no recibir su medicación, según relató un compañero de celda. El centro Camp East Montana, el mayor operado por Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el país, alberga más de 3,800 personas en un complejo de tiendas de campaña instalado en el desierto texano durante la administración Trump.
Este es el tercer fallecimiento registrado en esa instalación en apenas dos meses, en medio de un repunte de seis muertes bajo custodia federal en lo que va del mes, según datos oficiales de ICE.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo al principio que se trató de un intento de suicidio seguido de una confrontación en la que los guardias “intentaban salvarlo”. Las contradicciones entre esa narrativa, las grabaciones al 911 y el dictamen forense han motivado llamados a una investigación exhaustiva por parte del alcalde de El Paso y legisladores demócratas del Congreso.
La representante Pramila Jayapal (D-Wash.) y otros congresistas preparan una carta al DHS en la que expresan “profundas preocupaciones” por las versiones enfrentadas y el manejo del caso. El FBI ha contactado a familiares de la víctima para indagar, aunque tanto la agencia como la Policía de El Paso han evitado pronunciarse, argumentando que el asunto es de jurisdicción federal.
Las normas federales de detención establecen que el uso de la fuerza debe ser proporcional, evaluado y solo aplicarse tras agotar opciones menos invasivas, salvo en casos de amenaza inminente y grave. Un registro interno de ICE, revisado por The Washington Post, menciona un “uso de fuerza inmediata” relacionado con el caso, sin mayores precisiones.
Camp East Montana es administrado por contratistas privados bajo un contrato de 1.,200 millones de dólares que obliga a garantizar “trato humano” y “protección contra daños” a los detenidos.
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