CHIHUAHUA, Chihuahua.- La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, difundió un mensaje en video a través de sus plataformas digitales oficiales para fijar su postura respecto a la denuncia penal interpuesta en su contra por el exmandatario estatal Javier Corral Jurado, quien la acusa del delito de secuestro. La jefa del Ejecutivo chihuahuense catalogó la acusación formal como un acto ridículo y una muestra de desesperación jurídica, argumentando que el recurso legal carece de todo sustento técnico y procesal en el marco de las leyes penales vigentes del país.
La controversia penal surge a raíz de los incidentes registrados meses atrás en la Ciudad de México, cuando agentes de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua intentaron cumplimentar una orden de aprehensión por presunto enriquecimiento ilícito contra Corral Jurado en un restaurante de la colonia Roma. El operativo local fue interrumpido por la intervención directa del entonces encargado de despacho de la fiscalía capitalina, Ulises Lara, lo que impidió la retención del exgobernador y detonó un conflicto competencial entre ambas instituciones de procuración de justicia.
Argumentos de Maru sobre el debido proceso local
En la producción audiovisual, Campos Galván defendió la legalidad de las actuaciones ministeriales conducidas por el personal de la fiscalía chihuahuense, señalando que los agentes actuaban bajo el mandato estricto de un juez de control del fuero común. La gobernadora expuso que calificar un intento de captura judicial como un secuestro constituye una distorsión técnica que busca victimizar políticamente al imputado y evadir la rendición de cuentas ante los tribunales de la entidad por las observaciones administrativas acumuladas en su gestión.
La mandataria estatal sugirió de manera directa que las acusaciones de Corral Jurado forman parte de una campaña coordinada de hostigamiento institucional que conecta con los recientes citatorios emitidos por la Fiscalía General de la República hacia su persona. De acuerdo con la postura del gobierno estatal, la fabricación de este tipo de expedientes busca restar credibilidad a las corporaciones de seguridad locales que operan en zonas complejas como la Sierra Tarahumara y minar la proyección política de la administración frente al bloque oficialista federal.
Blindaje del equipo defensivo del estado
El equipo legal que encabeza la defensa de la gobernadora, coordinado por el abogado Roberto Gil Zuarth, informó que analiza los alcances de la denuncia de la Ciudad de México para interponer los recursos de desestimación correspondientes ante el agente del Ministerio Público. Los litigantes sostienen que la acusación por secuestro representa un abuso del derecho que no prosperará en los tribunales federales, debido a que existen las constancias de colaboración y las solicitudes formales que validaban de origen la presencia de los peritos norteños en la capital del país.
El diferendo jurídico entre los dos ex-aliados del Partido Acción Nacional continúa dividiendo las opiniones en el plano legislativo local, donde las bancadas de Morena exigen que se dé seguimiento formal a la queja de Corral Jurado, mientras que los diputados del bloque opositor cierran filas en torno a la jefa del Ejecutivo. El desahogo de esta carpeta de investigación se mantendrá bajo el escrutinio de los tribunales constitucionales, en un entorno marcado por la inminente movilización masiva que el panismo regional alista para manifestar el respaldo ciudadano a la gobernadora en las plazas de la entidad.
Autor
PUBLICIDAD
