Ciudad de México.- En marzo de 2025, un operativo federal en el puerto de Tampico, Tamaulipas, resultó en la detención de 14 personas involucradas en una red de huachicol fiscal, tras el decomiso histórico de 10 millones de litros de diésel. Los detenidos incluyen empresarios, marinos en activo y retirados, así como exfuncionarios de aduanas, quienes operaban una estructura criminal que facilitaba el tráfico y comercialización ilegal de hidrocarburos, causando pérdidas millonarias al erario mexicano.
Entre los arrestados destacan el Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán. Farías Laguna, quien ocupó cargos de alto rango como comandante de la Décima Segunda Zona Naval en Puerto Vallarta, Jalisco, fue señalado por facilitar permisos y autorizaciones en el puerto de Tampico. Fue detenido el 4 de septiembre de 2025 y recluido en el penal del Altiplano.
Anuar González Hemadi, exjuez federal destituido en 2019 por corrupción tras el polémico caso “Los Porkys” en Veracruz, donde otorgó un amparo a uno de los acusados de pederastia. González Hemadi se incorporó como apoderado legal de Mefra Fletes en noviembre de 2023, empresa clave en la logística del huachicol fiscal.
Francisco Javier Antonio Martínez, exdirector de Administración y Finanzas de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) en Tampico, vinculado a Intanza, empresa que importó el combustible ilícito.
Otros detenidos incluyen a Héctor Manuel N., apoderado legal de Mefra Fletes y secretario de Autolíneas Roca, y José N., operador financiero y accionista de la red. La lista se completa con Climaco N., Humberto Enrique N., Sergio N., Carlos de Jesús N., Fernando Ernesto N., Endira Xóchitl N., Perla Elizabeth N., Anatalia N., Ismael N., cuyos roles específicos aún no se han detallado públicamente.
La red operaba utilizando documentación apócrifa para declarar el diésel como aditivos para aceites lubricantes, evadiendo el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Empresas como Mefra Fletes y Autolíneas Roca, junto con agencias aduanales y funcionarios corruptos, facilitaban el traslado del combustible, que se distribuía a gasolineras y proveedores de flotillas, incluyendo obras federales como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó movimientos financieros inusuales, como depósitos en efectivo, compra de bienes de lujo y contratación de pólizas de seguro incompatibles con los perfiles de los implicados.
Muertes presuntamente relacionadas
Las investigaciones han vinculado la red de huachicol fiscal a varios asesinatos de alto perfil, que reflejan la violencia asociada con estas actividades ilícitas, Ernesto Vázquez Reyna, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, fue asesinado el 4 de agosto de 2025 en Reynosa. Su muerte, calificada como un “brutal asesinato” por las autoridades, se relaciona con los esfuerzos para combatir el huachicol en la región, particularmente tras el decomiso de casi 2 millones de litros de combustible en Reynosa.
Fernando Rubén Guerrero Alcántar, elemento de la Secretaría de Marina, fue asesinado en Colima. Guerrero Alcántar había denunciado a los hermanos Manuel Roberto Farías Laguna y Fernando Farías Laguna (este último prófugo) por su implicación en el tráfico de combustible. Su asesinato se investiga como una represalia directa ligada al caso de Tampico.
Además, en un incidente separado, la policía de Tamaulipas disparó por error a una familia en Reynosa, matando a un niño de siete años. Aunque no está directamente vinculado a la red de huachicol fiscal, este evento ocurrió en el contexto de la Operación Frontera Norte, que desde febrero de 2025 busca reforzar la seguridad en la región y combatir el crimen organizado, incluyendo el huachicol.
La versión oficial
La investigación comenzó hace dos años, tras denuncias internas presentadas por el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, sobre irregularidades en la institución. Estas denuncias, según el fiscal Alejandro Gertz Manero, fueron clave para identificar a los implicados, incluyendo a familiares de Ojeda, quien no solicitó protección para ellos. Las autoridades confirmaron que la red operaba desde al menos octubre de 2023, introduciendo grandes volúmenes de combustible desde Estados Unidos, principalmente a través de empresas texanas como Hevi Transport e Ikon Midstream LLC.
El decomiso de 10 millones de litros de diésel en el buque Challenge Procyon el 19 de marzo de 2025 marcó un hito, siendo uno de los mayores aseguramientos en la historia reciente de México. Además, se incautaron 192 contenedores, 29 tractocamiones, armas y otros materiales. La operación se extendió a Nuevo León, Veracruz y Ciudad de México, donde se ejecutaron órdenes de aprehensión y se aseguraron propiedades sujetas a extinción de dominio.
La presidenta Claudia Sheinbaum y las autoridades federales han enfatizado una política de “cero impunidad” contra la corrupción. La FGR continúa las investigaciones, con más órdenes de aprehensión pendientes y coordinación con autoridades estadounidenses para rastrear el origen del combustible y los flujos financieros ilícitos. Se estima que el huachicol fiscal ha generado pérdidas de más de 13 mil millones de pesos en el primer semestre de 2025, afectando la seguridad energética y económica del país.
Entre los prófugos se encuentran Fernando Farías Laguna, hermano de Manuel Roberto, y el capitán Miguel Ángel Solano Ruiz. Las autoridades han destacado el papel de la Secretaría de Marina en el combate a la corrupción interna, con el actual titular, Raymundo Pedro Morales Ángeles, reafirmando una política de cero tolerancia.
El caso de huachicol fiscal en Tampico revela una compleja red de corrupción que involucra a altos mandos militares, exfuncionarios judiciales y empresarios, con conexiones internacionales y graves consecuencias, incluyendo asesinatos vinculados. La investigación en curso busca desmantelar por completo esta estructura criminal, mientras las autoridades refuerzan los mecanismos para prevenir la impunidad y proteger la seguridad energética de México.
