De acuerdo con el reportaje firmado por el periodista Keegan Hamilton, dos fuentes familiarizadas con los procesos federales en curso en Estados Unidos indicaron que los hermanos prófugos analizan esta opción mientras observan el desarrollo de los casos judiciales de sus medios hermanos, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López, quienes ya se encuentran en custodia estadounidense y han alcanzado acuerdos de culpabilidad.
Esta versión surge en medio de una fuerte presión sobre la organización. Estados Unidos mantiene recompensas de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a la captura de cada uno de los dos hermanos. Además, el Departamento del Tesoro ha sancionado a Los Chapitos por su rol central en la producción y tráfico de fentanilo hacia territorio norteamericano.
Iván Archivaldo, de 42 años, es considerado el principal líder de la facción, mientras que Jesús Alfredo, conocido como “Alfredillo”, comparte responsabilidades operativas. Ambos han evadido operaciones de captura en Sinaloa, donde persiste una violenta disputa con grupos rivales leales a Ismael “El Mayo” Zambada, que ha dejado cientos de muertos desde finales de 2024.
Expertos consultados por diversos medios señalan que una eventual entrega de los Chapitos representaría un golpe significativo al Cártel de Sinaloa y podría abrir un nuevo capítulo en la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos, aunque también generaría implicaciones políticas y de seguridad en la región.Hasta el momento, ni las autoridades mexicanas ni las estadounidenses han confirmado oficialmente las negociaciones. Fuentes cercanas a las investigaciones indican que cualquier decisión final de los hermanos dependerá de las condiciones que ofrezca la justicia norteamericana, especialmente en cuanto a posibles reducciones de sentencia y protección para sus familias.
Este rumor se suma a una serie de reveses para la facción: las detenciones y extradiciones de Ovidio y Joaquín, los acuerdos de culpabilidad alcanzados por estos últimos y las acusaciones recientes contra funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el grupo. La evolución de los acontecimientos podría redefinir el mapa del crimen organizado en México en los próximos meses.



