Por Raymundo Alfaro
La llamada Cuarta Transformación anunció el fin de la “guerra contra el narco”, pero los grupos criminales mantienen la batalla para matarse entre sí.
El 30 de enero de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador decretó verbalmente que su gobierno terminó con la persecución de los grupos delictivos generadores de violencia.
– ¿Se acabó la guerra contra el narco, presidente? –le preguntó un reportero.
–No hay guerra, oficialmente ya no hay guerra –respondió López Obrador.
“Nosotros queremos la paz, vamos a conseguir la paz”, agregó.
López Obrador justificó que su gobierno evite perseguir a los líderes de los grupos de la delincuencia organizada y que no se haya capturado a ninguno en lo que va de su gestión.
“No se han detenido a capos, porque no es esa nuestra función principal”, dijo durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, en la Ciudad de México.
“La función principal del gobierno es garantizar la seguridad pública, ya no es la estrategia de los operativos para detener a capos”, agregó.
“Lo que buscamos es que haya seguridad –afirmó–, que podamos disminuir el número de homicidios diarios”.
Además, “hoy que vi el informe me sentí satisfecho porque, según nuestros registros, solo 54 homicidios el día de ayer y traemos un promedio de 80”.
“Eso es lo que me importa, el bajar el número de homicidios, el bajar el número de robos, el que no haya secuestros. Eso es lo fundamental, no lo espectacular. Se perdió mucho tiempo en eso y no se resolvió nada”, expuso.
Para el analista Raymundo Riva Palacio, lo que está haciendo López Obrador es “administrar el narcotráfico en lugar de combatirlo”, aunque “no es una estrategia que va a admitir explícitamente el presidente”.
“Lo que hará es lo que hicieron muchos gobiernos priistas en el siglo pasado, permitir que los cárteles de la droga hagan su negocio –producción, distribución, trasiego y comercialización– a cambio que no se peleen entre ellos ni confronten a las fuerzas de seguridad”, escribió en El Financiero.
“En el pasado, como era la circulación de las élites en el viejo régimen, uno o dos cárteles eran atacados por el gobierno en turno, y al siguiente eran otros los perseguidos”, de acuerdo con Riva Palacio.
La declaración, “fue insólita, pero no para extrañarse de nada”, según el analista.
“Desde que se comprometió a dar amnistía a los narcotraficantes, antes de iniciar su campaña presidencial, esbozó lo que haría al llegar a la presidencia”, recordó.
Dejaría atrás la estrategia del presidente Felipe Calderón, utilizada en Colombia, Italia y Estados Unidos, de combatir a toda la estructura criminal, la cual adoptó el presidente Enrique Peña Nieto.
“Lo suyo sería administrar el narcotráfico: no se mete con ellos a cambio de que los cárteles guarden las armas y pacifiquen el país”.
Lo que hará López Obrador “es lo que hicieron muchos gobiernos priistas en el siglo pasado, permitir que los cárteles de la droga hagan su negocio –producción, distribución, trasiego y comercialización– a cambio que no se peleen entre ellos ni confronten a las fuerzas de seguridad”, de acuerdo con el columnista.
Alejandro Hope, especialista en temas de seguridad, considera que, en realidad, formalmente la “guerra” terminó hace más de una década, desde que el gobierno de Calderón dejó de usar el término en 2008.
El analista cuestionó el discurso de López Obrador con la siguiente reflexión.
“¿Un posible incremento de la violencia es razón suficiente para no ir por los capos? Yo opino que no por una razón: si los jefes de bandas criminales perciben que, alcanzado cierto nivel de prominencia, son inmunes a la persecución porque su desaparición del escenario generaría efectos desestabilizadores, todos van a querer traspasar ese umbral”.
“Esa dinámica podría generar en el largo plazo mucha más violencia que la que se prevendría al no decapitar”, escribió en El Universal.
12 AÑOS CONTRA EL NARCO
El 11 de diciembre, en voz del entonces secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa lanzó la Operación Conjunta Michoacán mediante un despliegue de siete mil efectivos militares.
Los medios bautizaron esa acción como el inicio de “la guerra contra el narco”.
“Será una lucha que nos llevará tiempo”, hasta conseguir “la recuperación de los espacios públicos que la delincuencia organizada ha arrebatado”, dijo el funcionario federal.
En esa entidad habían sido asesinadas 542 personas antes de iniciar la estrategia federal y, al menos 17 víctimas de homicidio fueron decapitados y cinco de sus cabezas fueron arrojadas a una discoteca de Uruapan.
Dos semanas antes del anuncio, unos cuarenta gatilleros emboscaron a seis policías y los mataron, en la tierra donde nació Calderón Hinojosa.
En su libro, Narcotráfico: el gran desafío de Calderón (Planeta, 2007), el periodista Alejandro Gutiérrez escribió que la administración de Calderón Hinojosa “sería una gobernabilidad de la mano del ejército”, a partir de su primer mensaje durante la madrugada del 1 de diciembre de 2006 y después en el Campo Marte.
“En los primeros 40 días de su gobierno Calderón encabezó 11 actos con las fuerzas armadas, casi uno cada tercer día, a lo cual había que añadir una campaña de exaltación mediática por parte del nuevo gobierno hacia las fuerzas armadas, como nunca antes se había observado (entre otras acciones anunció un aumento salarial del 3.5 por ciento a la tropa y el incremento sustancial de efectivos militares a la Policía Federal, con 7 mil 500 soldados y 2 mil 500 marinos)”, escribió el periodista.
Durante los seis años del gobierno de Vicente Fox se cometieron 8 mil 780 “ejecuciones relacionadas con el crimen organizado”, de acuerdo con un informe de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados. En 2006 “se alcanzaron casi 3 mil 900 muertes, muchas de éstas registradas mientras el país vivía el proceso electoral y el conflictivo proceso postelectoral”, cita el documento.
Pero se trataba no sólo del inicio de una confrontación del gobierno federal contra los grupos criminales. También comenzó una disputa entre las bandas que se disputaban ciudades para el trasiego de drogas y para el control de la venta de drogas prohibidas al menudeo.
El estado de Chihuahua y Ciudad Juárez en particular vivieron la peor violencia de la historia reciente.
La disputa entre el grupo criminal identificado por las autoridades como cártel de Sinaloa y La Línea, señalado como brazo armado del cártel de Juárez, causó más de 10 mil muertes en Ciudad Juárez tan sólo entre 2008 y 2011, antes de que los grupos se fragmentaran entre sí para mantener una guerra que no parece tener fin.
La mayoría de los homidicios está impune y las víctimas no han recibido justicia.
MÁS SOLDADOS EN LAS CALLES
La paradoja es que, aunque “ya no hay guerra” contra el narco, López Obrador ha sacado más soldados a la calle que Calderón Hinojosa.
El gobierno AMLO ha desplegado 53 mil 524 militares a tareas de seguridad en el país, una cantidad superior a la empleada durante el sexenio calderonista.
Durante la gestión del panista (2006-2012) fueron utilizados 52 mil 690 soldados en tareas de seguridad.
Es decir, AMLO utiliza 834 soldados más que Calderón en las calles del país, de acuerdo con la respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional a una solicitud de información vía la Plataforma Nacional de Transparencia.
Durante la gestión de Peña Nieto fueron empleados 54 mil 900 militares en tareas de seguridad.
El plan de López Obrador en desnombrar a las Fuerzas Armadas, para que los elementos del Ejército y de la Secretaría de Marina se conviertan en integrantes de una Guardia Nacional.
La Cámara de Diputados aprobó el decreto para la creación del nuevo ente, pero hace falta la ratificación de la Cámara de Senadores, donde se pospuso el debate sobre el tema ante las críticas de la oposición que considera que la presencia militar se mantendrá en las calles de manera permanente.
Por lo pronto, el Ejército está listo para continuar en las calles del país, con el nombre que sea.
El sábado 9 de febrero de 2019, Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, declaró que las Fuerzas Armadas están listas para emprender tareas de seguridad pública.
“Las Fuerzas Armadas estamos prestas para el trabajo en la vida social y el servicio para la seguridad pública, la seguridad interior y la seguridad nacional”, dijo.
Señaló que “ayer, como ahora, rechazamos en nuestro desempeño protagonismos, posiciones y acciones políticas abrazando el servicio a México con lealtad a la Constitución, a nuestro comandante supremo y a la democracia como forma de vida que la nación se ha dado para vivir en libertad”.
PLAN DE PACIFICACIÓN
El 6 de febrero, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, anunció que serán desplegados 600 elementos de fuerzas federales de manera permanente en 17 regiones del país, entre ellas Ciudad Juárez, a fin de reducir la incidencia delictiva y abatir los índices de homicidios.
En total, 10 mil 200 más.
“El Plan de Combate a la Inseguridad implementado en 17 regiones del país, tiene el objetivo de fortalecer las localidades que se consideran prioritarias a través de una estrategia integral de prevención del delito, reducción de la violencia y la criminalidad, particularmente en el tema de homicidios dolosos”, dijo Durazo Montaño, en una conferencia de prensa en Palacio Nacional.
Las 17 regiones prioritarias son: Tijuana, Baja California; Juárez, Chihuahua; Acapulco de Juárez, Guerrero; Tlajomulco de Zúñiga y Guadalajara, Jalisco; Benito Juárez, Quintana Roo; Salamanca, Irapuato, Uriangato y Celaya, Guanajuato; Culiacán, Sinaloa; Manzanillo, Colima; Ecatepec de Morelos, Estado de México; Monterrey, Nuevo León; Chilpancingo, Guerrero; Reynosa y Nuevo Laredo, Tamaulipas.
El despliegue es el del Ejército y la Marina con elementos de la Policía Militar y Naval y de la Policía Federal.
“Hemos dicho que sería irresponsable retirar al Ejército en este momento de las calles, cuando en algunas regiones del país es la única presencia del Estado”, expresó Durazo Montaño.
Para el funcionario, “los elementos de la Policía Militar y Naval, sin tener la formación de los que serán integrantes de la Guardia Nacional, son aquellos mejor preparados entre el Ejército y la Marina para las tareas de proximidad”.
GUARDIA FINANCIERA
El mismo jueves 6 de febrero, al participar en la Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena, en la Cámara de Senadores, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, anunció la creación de una Guardia Financiera para combatir la fortaleza económica de las organizaciones criminales.
“Vamos a crear la Guardia Financiera como un instrumento para mejorar la eficacia en el combate a la corrupción”, anticipó.
“Pretender combatir al crimen organizado en el ámbito operativo es una ilusión, es una fantasía. Tenemos que combatir a las organizaciones criminales en su fortaleza económica, en sus finanzas, que es lo que les da capacidad para operar y corromper, y a su vez es lo que les da capacidad para sobrevivir”, señaló.
Ante los senadores de Morena, planteó reformular el combate a las drogas porque la política prohibicionista no ha logrado bajar los índices de consumo de drogas ni ha bajado los niveles de violencia.
“Vamos a acabar con la guerra contra las drogas por la vía de la represión y del uso de la fuerza policial y militar para enfrentarlo como un problema de salud pública y mediante la regulación de algunas drogas”, adelantó Durazo Montaño.
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Entre tanto, durante las primeras semanas del año, López Obrador distrajo la atención pública al inventar su propia guerra contra el robo de combustibles de Pemex, al cerrar los principales ductos del país.
Así generó un desabasto de gasolinas en el centro y el Bajío, y se asumió como el salvador de la crisis al comprar 671 pipas por 92 millones de dólares en Estados Unidos, en un procedimiento fast track, sin licitar.
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