Chihuahua, Chih.- El enfrentamiento comenzó en la mañana del 10 de septiembre, cuando reportes de pobladores alertaron sobre la presencia de convoyes de camionetas con hombres armados en la carretera Guadalupe y Calvo–El Ocote. Según medios locales, el intercambio de disparos fue prolongado, lo que llevó al cierre de esta vía por varias horas. Los habitantes, temerosos por las ráfagas de armas de fuego, optaron por resguardarse en sus hogares, mientras que la circulación vehicular quedó interrumpida, afectando la movilidad en esta zona rural.
Aunque no se han reportado oficialmente víctimas fatales ni detenciones, el despliegue de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) fue lenta y llegó cuando las rafagas de metralleta ya no se oían; llegó para restablecer el orden y patrullar la carretera en busca de los responsables. Este incidente se suma a una serie de eventos violentos en el municipio de Guadalupe y Calvo, que forma parte del denominado «Triángulo Dorado», una región conocida por su actividad delictiva relacionada con el narcotráfico y el crimen organizado.
Guadalupe y Calvo, ubicado en el sur del estado, es una zona montañosa y remota de la Sierra Tarahumara, colindante con los estados de Sinaloa y Durango. Esta región es estratégica para grupos del crimen organizado, particularmente el Cártel de Sinaloa (con la facción de Los Salgueiro) y La Línea (brazo armado del extinto Cártel de Juárez), que disputan el control del territorio para actividades como el cultivo de amapola, marihuana y el tráfico de drogas, así como la tala ilegal.
La carretera Guadalupe y Calvo–El Ocote, parte de la ruta México 24, es conocida por su peligrosidad debido a la presencia de grupos armados y la falta de infraestructura adecuada, con tramos de terracería que dificultan el acceso y la vigilancia. La región ha sido escenario de múltiples enfrentamientos en los últimos años, incluyendo masacres, desplazamientos forzados y asesinatos. Por ejemplo:
Octubre 2024: Se reportó el hallazgo de una camioneta con cinco cuerpos en Guadalupe y Calvo, todos con ropa táctica y heridas de bala, en un vehículo con logos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Julio 2025: Un ataque armado dejó dos muertos y dos detenidos tras un enfrentamiento entre las Células BOII (fuerzas estatales) y sujetos armados.
Julio 2025: Reportes indican que la violencia en el municipio ha generado más de 200 asesinatos desde 2021, con 151 solo en 2024, y cientos de familias desplazadas, dejando comunidades como pueblos fantasmas.
Violencia endemica
La Sierra Tarahumara, y en particular Guadalupe y Calvo, enfrenta una crisis de seguridad debido a varios factores: La región es un punto clave en el «Triángulo Dorado», donde el Cártel de Sinaloa y La Línea compiten por el control de rutas de narcotráfico y zonas de cultivo de drogas. Enfrentamientos previos, como uno en octubre de 2021 que dejó entre 18 y 20 muertos, evidencian la intensidad de estas pugnas.
La falta de presencia policial y de infraestructura básica, como señal de telefonía móvil o caminos pavimentados, dificulta la respuesta de las autoridades. En muchas comunidades, los habitantes reportan sentirse abandonados, sin acceso a servicios básicos o protección.
La violencia ha provocado el desplazamiento de cientos de familias, especialmente de comunidades indígenas como los tarahumaras, quienes han perdido tierras y medios de subsistencia, obligados a refugiarse en cuevas o zonas alejadas.
Además del narcotráfico, la tala ilegal es una fuente de ingresos disputada por los cárteles, lo que agrava la inseguridad en la región.
Lenta respuesta de las autoridades
El despliegue de la Guardia Nacional y la SSPE tras el enfrentamiento del 10 de septiembre busca restablecer el control de la carretera y garantizar la seguridad de los habitantes. Sin embargo, la respuesta estatal ha sido criticada por su lentitud y falta de efectividad. Por ejemplo, en julio de 2025, la gobernadora María Eugenia Campos encabezó una mesa de seguridad en Guadalupe y Calvo, prometiendo reforzar la presencia militar y de la Guardia Nacional, pero los resultados han sido limitados.
Además, operativos recientes han resultado en decomisos significativos, como el aseguramiento de más de 85 mil latas de cerveza, vehículos robados, armas y artefactos explosivos en la zona sur de Chihuahua, incluyendo comunidades cercanas a El Ocote. Estos operativos apuntan a células del crimen organizado lideradas por figuras como Ventura Corral Félix, alias “El 35”, señalado como jefe de plaza en la región.
El incidente del día 10 de septiembre obligó a los habitantes de El Ocote y comunidades aledañas a resguardarse, interrumpiendo actividades cotidianas como el comercio, la educación y el acceso a servicios de salud. La falta de señal de celular y la lejanía de las comunidades complican la comunicación y la respuesta oportuna ante emergencias. La suspensión de clases y actividades religiosas en la región, así como el cierre de iglesias tras ataques a líderes comunitarios, como el caso del sacerdote Lorenzo Antonio Medina en Dolores, reflejan el clima de miedo que prevalece.
El Ocote
Es una comunidad pequeña, con 130 habitantes, ubicada a 18 km de la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo. Su aislamiento y ubicación en la sierra la hacen vulnerable a la actividad del crimen organizado.
La violencia en Guadalupe y Calvo no es un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio que afecta a estados vecinos como Sinaloa, donde las pugnas entre facciones del Cártel de Sinaloa (Los Chapitos y La Mayiza) han escalado desde septiembre de 2024, tras la captura de líderes clave como Ismael “El Mayo” Zambada. Aunque las autoridades de Chihuahua han negado que los eventos en Guadalupe y Calvo estén directamente relacionados con Sinaloa, la cercanía geográfica y las rutas compartidas sugieren una posible conexión.
El enfrentamiento armado en la carretera Guadalupe y Calvo–El Ocote es un reflejo de la inseguridad crónica en la Sierra Tarahumara, marcada por la presencia de cárteles, la ausencia de autoridad efectiva y el impacto devastador en las comunidades locales. Aunque las autoridades han respondido con patrullajes y operativos, la falta de una estrategia integral para abordar las causas estructurales de la violencia—como la pobreza, el abandono estatal y la impunidad—mantiene a la región en un estado de vulnerabilidad. La situación en Guadalupe y Calvo sigue siendo crítica, con comunidades atrapadas entre el fuego cruzado y un futuro incierto.
