Chihuahua, Chih.- La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua (FACH) actualizó recientemente la información del caso y mantiene que Eduardo Fernández Herrera, conocido como Lalo Fernández, exsecretario de Salud y exdirector del Instituto Chihuahuense de Salud (ICHISAL) durante la administración de Javier Corral Jurado, declaró como testigo protegido que el exgobernador fue el autor intelectual del esquema de financiamiento irregular por más de 401 millones de pesos contratado en marzo de 2021 con el banco BANSI, operación que la dependencia califica como deuda pública disfrazada sin autorización del Congreso del Estado.
Fernández Herrera se acogió al criterio de oportunidad poco después de su detención en mayo de 2023 y ha aportado información que, según la propia FACH, ha fortalecido las investigaciones contra Corral Jurado y el exsecretario de Hacienda Arturo Fuentes Vélez, este último actualmente prófugo con orden de aprehensión vigente. A cambio, el exfuncionario enfrenta su proceso en libertad y su causa penal permanece suspendida sin sentencia firme hasta la fecha.
El convenio atípico que detonó la investigación
El caso se originó en el último año del gobierno de Corral. El 3 de marzo de 2021, Fernández Herrera firmó un convenio atípico en el que el Gobierno del Estado reconocía un adeudo de 401 millones 364 mil 155.59 pesos a favor del ICHISAL. Solo 14 días después se celebró un contrato privado con el banco BANSI para ceder los derechos de cobro de esa supuesta deuda, lo que generó un costo financiero adicional de más de 24 millones de pesos al erario estatal.
La Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de la Función Pública detectaron las irregularidades en la Cuenta Pública 2021 y presentaron denuncias que derivaron en la carpeta de investigación. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que se violó la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y Municipios, así como la Ley de Deuda Pública de Chihuahua, al contratar financiamiento sin pasar por el Congreso ni incluirlo en la Ley de Ingresos.
De imputado a colaborador de la Fiscalía
El 14 de mayo de 2023 agentes ministeriales detuvieron a Fernández Herrera en las inmediaciones de un hospital en Chihuahua. Dos días después, el juez César Alberto Villalba Máynez lo vinculó a proceso por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades. Aunque el juez consideró que el ilícito no es grave, le impuso medidas cautelares: entrega de pasaporte, firma periódica y una fianza de 800 mil pesos.
Meses más tarde, el exsecretario solicitó formalmente el criterio de oportunidad. Sus declaraciones apuntaron directamente a Javier Corral como quien ordenó y dirigió la estrategia del “crédito simulado”, presentándolo como una forma de obtener liquidez inmediata al final del sexenio sin cumplir los requisitos legales. También involucró a Arturo Fuentes Vélez en la operación financiera.
La Fiscalía ha reconocido que la colaboración de Fernández Herrera ha sido valiosa para avanzar en las carpetas conocidas como los Expedientes X, aunque el fiscal Abelardo Valenzuela ha insistido en que el beneficio se mantiene solo mientras las aportaciones sean oportunas y verificables.
Situación actual del procesoHasta abril de 2026, la causa penal 1641/2023 contra Eduardo Fernández Herrera sigue suspendida. No existe sentencia condenatoria ni absolutoria. El exfuncionario continúa en libertad bajo las medidas cautelares originales y mantiene su estatus como testigo protegido. Sus declaraciones han sido utilizadas en otras investigaciones contra exfuncionarios de la administración corralista, aunque el proceso principal contra Javier Corral enfrenta diversos amparos y dilaciones.
Fernández Herrera, quien también ocupó cargos como subsecretario de Egresos y director de Administración en la Fiscalía General del Estado durante el mismo gobierno, ha reiterado en sus dichos que actuó bajo directrices superiores y no por iniciativa propia. Su caso ilustra el uso del criterio de oportunidad por parte de la Fiscalía Anticorrupción para desarticular presuntos esquemas de mayor envergadura, aunque tres años después de la primera detención varios de estos expedientes aún no llegan a resoluciones definitivas.
La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido el caso activo en su sitio oficial, recordando que todo imputado se presume inocente hasta que exista una sentencia firme. Mientras tanto, Lalo Fernández sigue siendo una de las piezas clave en las pesquisas contra la anterior administración.
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