Almoloya, Estado de México.- En la madrugada del martes 20 de enero de 2026, un intenso operativo aéreo sacudió el Valle de Toluca y sus alrededores. Helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana realizaron múltiples sobrevuelos y aterrizajes en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. Las aeronaves tocaron tierra en el penal a las 01:00, 06:30, 07:20 y 09:10 horas, mientras vehículos blindados ingresaron en repetidas ocasiones al complejo de máxima seguridad.
Fuentes consultadas confirmaron que la movilización formó parte de una entrega masiva de internos a Estados Unidos, en respuesta a solicitudes pendientes de la justicia estadounidense contra presuntos implicados en delitos de delincuencia organizada transnacional, principalmente narcotráfico. Vecinos de la zona norte de la capital mexiquense y municipios aledaños captaron con sus celulares el inusual tráfico aéreo, lo que generó especulaciones en redes sociales sobre operaciones anómalas en la región.
Esta acción representa la tercera entrega de este tipo en poco más de un año. En 2025, México ya había extraditado a más de 50 criminales de alto perfil en dos operativos previos: el 27 de febrero envió a 29 narcotraficantes, entre ellos Rafael Caro Quintero, los hermanos Treviño Morales (El Z-40 y El Z-42) y Vicente Carrillo Fuentes (El Viceroy); mientras que el 12 de agosto trasladó a otros 26, incluidos Abigael González Valencia (El Cuini), Servando Gómez Martínez (La Tuta) y varios miembros del Cártel de Sinaloa y Los Zetas.
A diferencia de aquellas ocasiones, las autoridades federales mantuvieron en reserva los nombres y el número exacto de internos involucrados en esta tercera fase. El traslado desde el Altiplano hasta el Aeropuerto Internacional de Toluca se efectuó bajo un fuerte dispositivo de seguridad, en el marco de la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos para combatir el crimen organizado.
El operativo subraya la disposición del gobierno mexicano a responder a las demandas de Washington en materia de seguridad, aunque sin revelar detalles específicos que podrían comprometer procesos judiciales en curso.
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