El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, volvió ayer a Palacio Nacional a una reunión, luego de sus declaraciones claras y concisas sobre la elección por voto popular de los jueces. Evitó responder preguntas sobre el tema antes de tener su encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Vale la pena recordar lo que ocasionó la extraña pausa decretada en una Mañanera por Andrés Manuel López Obrador. Las siguientes fueron las palabras que el embajador estadounidense vertió: «En mi opinión, el debate sobre la elección directa, popular de jueces en estos tiempos, así como la política feroz que se va a venir acá en México si se llegara a aprobar las elecciones de jueces en 2025 y 2027, amenazan la histórica relación comercial que hemos construido, la cual, esa relación, depende de las inversiones que se tienen que hacer aquí en México para lograr la prosperidad del pueblo de México. Las elecciones directas también podrían hacer más fácil que los cárteles y otros actores influyan en las elecciones».
Esta claridad fue calificada por López Obrador de injerencista, y ahí decretó la famosa y surrealista pausa de relaciones con el embajador, que pasó de ser un asiduo visitante a Palacio Nacional a un apestado.
Aun cuando el presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, da por zanjado el caso de la Reforma Judicial, «La Asociación Nacional de Jueces y Magistrados acusa ante la comunidad nacional e internacional al gobierno de Claudia Sheinbaum y al Congreso de dar ‘un golpe de Estado franco y abierto’ en nuestro país.
En el documento dado a conocer por los jueces, se advierte que la reforma elimina la independencia de los juzgadores, debilita el marco legal y deja en la indefensión a los ciudadanos.
Asegura la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados que la reforma no respeta la especialización en áreas como propiedad intelectual, medio ambiente y telecomunicaciones, lo que pone en grave riesgo el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la firma del T-MEC y otros tratados internacionales.
Textualmente dice: «Se ha politizado la justicia y se ha desaparecido la carrera judicial» y hace un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a una pronta intervención.
No es impugnable
En días pasados, el jurista e investigador de la UNAM, Diego Valadés, fue claro al afirmar que, dado que la reforma ya fue publicada, no es impugnable, ya que de reforma pasó a ser norma jurídica, con todo y los errores que las prisas provocaron, como el hecho de que la ley ya vigente menciona dos formas diversas para elegir presidente de la SCJN e incluso los periodos; en un caso es de dos años y en otro de cuatro, lo que solo deja en claro que hubo apuro e impudicia, pero con una corrección a la letra de la ley, el escollo se salta.
Ya se realizó la insaculación, dicen los de MORENA; tómbola, dicen los detractores, lo cual es un hecho único en el mundo y los efectos de este regalo al expresidente restan por verse en los próximos meses y años.
Lo cierto es que a nuestro país le urgía una reforma judicial que lograra una justicia pronta y expedita, lo que tal vez se habría logrado con más presupuesto y, consecuentemente, más jueces. México tiene 5 por cada 100 mil habitantes, y países latinoamericanos con menos desarrollo tienen cuatro veces más. Esta reforma, sin embargo, no garantiza que la situación de la justicia en México deje de ser cárcel para los pobres que no pueden pagar un abogado y libertad para los infractores de cuello blanco que saben aceitar la maquinaria. Pronto veremos de qué tamaño fue la catástrofe de la reforma judicial tal como se hizo… de hecho, urgía una reforma en la materia, pero no esta, no así.
