Chihuahua, Chih.- La Magistrada Nancy Josefina Escárcega Valenzuela, responde a una controversia desatada por la preliberación otorgada a su hermano, Edgar Herman Escárcega Valenzuela, condenado en 2005 a 37 años por secuestro agravado. Edgar, encarcelado desde noviembre de 2005, recibió el beneficio la semana previa, basado en un amparo federal de 2005 y evaluaciones de reinserción, lo que le permite cumplir su pena (hasta 2050) fuera de prisión bajo ciertas condiciones. Este fallo, dictado por el juez Juan Carlos Erives Fuertes, generó críticas por posibles conflictos de interés debido a la relación familiar con Nancy, quien asumió como magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) el 1 de septiembre.
Nancy, con trayectoria en derechos humanos y combate a la corrupción, fue electa en las elecciones extraordinarias de 2024-2025 y asignada a la Cuarta Sala del TDJ, un órgano creado para sancionar corrupción judicial. En su declaración, niega cualquier intervención en el caso de su hermano, subrayando que su designación y desempeño son legales, y que no tiene facultades para influir en procesos penales.
Califica las acusaciones como “rumores e infundios” sin pruebas, exige una investigación exhaustiva y reafirma su compromiso con la justicia y la transparencia, instando a que se informe a la ciudadanía sobre los antecedentes del caso.
La controversia estalló el 23 de septiembre en el Congreso de Chihuahua, cuando el diputado Pedro Torres Estrada (Morena) pidió claridad y una revisión del TDJ, sugiriendo un posible conflicto de interés por la relación de Nancy con Edgar y su esposo, el diputado Francisco Sánchez Villegas. Torres no acusó directamente, pero demandó que Nancy se declare incompetente en cualquier revisión relacionada.
Sánchez defendió a su esposa, calificando las críticas como ataques políticos. Medios locales, como La Paradoja y El Diario de Chihuahua, han descrito el caso como un “terremoto” que pone a prueba la credibilidad del TDJ, aunque no hay evidencia pública de irregularidades.
El Poder Judicial de Chihuahua emitió un comunicado el 24 de septiembre defendiendo la autonomía de sus procesos y anunciando una revisión interna, sin detallar plazos. Escárcega, alineada con esta postura, insiste en no temer la investigación, pues no tiene “nada que ocultar”. Las víctimas de los secuestros de 2005 han expresado preocupación por una posible “sensación de impunidad”, mientras el caso refleja tensiones entre Morena y MC/PAN, con acusaciones de politización.
El episodio cuestiona la confianza en el TDJ y el sistema judicial chihuahuense, históricamente criticado por corrupción. Una investigación transparente podría fortalecer o debilitar la imagen de Escárcega y del TDJ, dependiendo de los hallazgos. Se espera que el TDJ inicie pronto una revisión formal, posiblemente excluyendo a Escárcega, y el Congreso podría convocar audiencias públicas.
