Chihuahua, Chih.- La carta abierta de Jaime García Chávez, activista, abogado y presidente de la agrupación Unión Ciudadana, dirigida al fiscal general de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, representa el último capítulo en una lucha de más de una década por judicializar la denuncia contra el exgobernador priista César Horacio Duarte Jáquez. En el documento, García Chávez denuncia una «cadena de impunidad» que abarca tres administraciones estatales —la de Duarte (2010-2016), la de Javier Corral (2016-2021) y la actual de María Eugenia Campos Galván (desde 2021)— y acusa directamente a Jáuregui de complicidad por evadir avances en la investigación.
La misiva, entregada físicamente en Palacio de Gobierno ese mismo día tras una protesta de Unión Ciudadana, culmina con el anuncio de un juicio de amparo para forzar la consignación del expediente ante un juez. Este episodio resurge en un contexto electoral tenso en Chihuahua, donde la corrupción duartista sigue siendo un tema candente, y pone en jaque la credibilidad de la Fiscalía General del Estado (FGE).
La denuncia de García Chávez se remonta al 24 de septiembre de 2014, cuando, aún en pleno gobierno de Duarte, presentó formalmente ante la Fiscalía estatal (entonces dirigida por Jorge González Nicolás) cargos por peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y uso indebido de atribuciones y facultades. El caso se centra en el presunto desvío de 65 millones de pesos del erario público para capitalizar el Banco Unión Progreso (ahora parte de Scotiabank), a través de un fideicomiso creado en 2012 por Duarte y su esposa, Bertha L. Gómez Fong. Los fondos, depositados en Banorte, habrían servido para que Duarte se convirtiera en accionista mayoritario del banco, mientras su secretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral —también directivo de la institución—, manejaba depósitos estatales por más de 80 mil millones de pesos en la entidad.
García Chávez aportó pruebas como el contrato de fideicomiso (número 744773), recibos de depósitos y documentos que vinculan a Herrera y al diputado federal priista Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga como prestanombres. El activista argumentó que Duarte no podía justificar el origen de esos 65 millones con su salario oficial (alrededor de 120 mil pesos mensuales en 2014). El mismo día, presentó una réplica ante instancias federales: la Procuraduría General de la República (PGR, hoy FGR), la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), bajo el expediente AP/PGR/UEAF/001/2014-09.
La PGR, bajo el gobierno federal priista de Enrique Peña Nieto, no avanzó en el caso, y en 2018 resolvió el «no ejercicio de la acción penal» por supuesta falta de elementos, decisión que García Chávez calificó de «desaparición» del expediente.
