La Fiscalía Anticorrupción pierde competencia en el caso López Elías

Chihuahua, Chih.- La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, encabezada por Abelardo Valenzuela Holguín, recibió un nuevo revés jurídico en el expediente contra el empresario José Pedro López Elías, luego de que una resolución emitida el lunes 24 de agosto determinara que la autoridad estatal carece de competencia para continuar conociendo del proceso y ordenara remitir la carpeta y la documentación correspondiente al ámbito federal.

           La determinación modifica de manera importante el curso de una investigación que la Fiscalía Anticorrupción ha colocado entre los principales casos de corrupción atribuidos a la administración del exgobernador Javier Corral. López Elías está relacionado con el expediente por el presunto desvío de 98.6 millones de pesos vinculado con la reestructuración de la deuda pública estatal durante 2019 y 2020. La Fiscalía sostiene que los recursos fueron entregados a la empresa López Elías Finanzas Públicas mediante una operación que considera irregular.

           El problema para la dependencia estatal no se limita a perder, al menos en esta etapa, la conducción del expediente. De acuerdo con los reportes sobre la resolución, también se ordenó dar vista al Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de Chihuahua y comunicar determinados señalamientos a instancias federales para que, dentro de sus atribuciones, analicen la actuación de autoridades involucradas en el procedimiento. Esto no significa que se hayan acreditado irregularidades o delitos contra funcionarios estatales, pero sí coloca sus actuaciones bajo revisión.

           El nuevo episodio adquiere mayor relevancia porque la disputa por la competencia del expediente no es nueva. En enero pasado, después de una determinación que favorecía la intervención federal, Valenzuela sostuvo públicamente que el caso debía permanecer en Chihuahua porque los recursos involucrados eran estatales y anunció que la Fiscalía utilizaría los recursos legales disponibles para defender su competencia. “Fue delito hecho con recursos estatales, se debe de quedar aquí”, fue la postura que entonces sostuvo el fiscal.

           Ahora el escenario vuelve a complicarse para la Fiscalía Anticorrupción. El expediente que durante meses ha utilizado como una de las piezas centrales de su ofensiva contra funcionarios y particulares vinculados con el gobierno de Corral tendrá que transitar hacia el ámbito federal, de acuerdo con la resolución reportada. No significa que López Elías haya sido exonerado ni que las acusaciones sobre los 98.6 millones de pesos hayan quedado sin efecto; significa que la discusión sobre quién debe conducir el procedimiento adquiere una nueva dimensión y que el fondo del caso tendrá que seguirse en la instancia que resulte competente.

           El expediente también ha tenido consecuencias políticas. La Fiscalía ha mantenido una línea de investigación que involucra a Javier Corral y al exsecretario de Hacienda Arturo Fuentes Vélez. En junio pasado, la dependencia solicitó a autoridades de la Ciudad de México la localización y detención de López Elías, a quien señala como parte de la investigación por el presunto desvío de los 98.6 millones de pesos.

           La defensa del empresario, por su parte, ha denunciado presuntas irregularidades y actos de persecución. Apenas la semana pasada, familiares de López Elías acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares y señalaron al gobierno de Chihuahua y a Valenzuela por presunto hostigamiento. Se trata de acusaciones de la defensa y de los familiares, no de hechos acreditados por la CIDH.

Un expediente que cambia de cancha

El revés obliga también a poner en perspectiva la estrategia de la Fiscalía Anticorrupción. Una cosa es sostener una investigación contra un empresario y exfuncionarios por un presunto daño patrimonial y otra, jurídicamente distinta, conservar la competencia para conducirla. La segunda cuestión es precisamente la que ha quedado nuevamente en disputa.

          Por eso resulta prematuro hablar de una derrota definitiva de la acusación contra López Elías o de una victoria absoluta de su defensa. El litigio continúa y todavía deberán resolverse las cuestiones de fondo. Lo que sí representa un golpe para la Fiscalía es que una de las investigaciones más sensibles de su gestión abandone el ámbito estatal y quede sujeta a la intervención de autoridades federales.

          El episodio coloca además una pregunta inevitable sobre la mesa: si la Fiscalía Anticorrupción ha defendido durante meses que Chihuahua debe conservar el expediente porque los recursos eran estatales, ¿qué hará ahora frente a una resolución que ordena llevar el asunto al ámbito federal? La respuesta de Valenzuela será relevante, no solamente por el expediente López Elías, sino porque permitirá conocer hasta dónde está dispuesto a llevar nuevamente la batalla jurídica por la competencia.

         En el terreno político, el caso tampoco es menor. La Fiscalía Anticorrupción construyó buena parte de su narrativa alrededor de las investigaciones contra integrantes de la administración de Javier Corral. El expediente de los 98.6 millones de pesos es una de las piezas más visibles de esa estrategia. Ahora, mientras el proceso contra López Elías cambia de cancha, la dependencia deberá defender no sólo la solidez de su investigación, sino también la legalidad de las actuaciones realizadas durante el procedimiento.

         El nuevo escenario no absuelve a nadie, pero tampoco deja a la Fiscalía en una posición cómoda. El caso seguirá adelante, aunque ya no necesariamente bajo el control de la institución que durante meses lo convirtió en uno de sus principales expedientes contra el corralismo. Y ahí está el dato político que nadie debería perder de vista: la investigación que pretendía llevar a sus protagonistas ante la justicia terminó, por ahora, llevando a la propia actuación de las autoridades estatales bajo la lupa de otras instancias.