La Feria de Santa Rita en disputa: Andrea Domínguez denuncia persecución y responsabiliza a Maru Campos y su círculo cercano

Chihuahua, Chih.- La disputa por el control de la Feria de Santa Rita escaló este lunes a un terreno político y judicial, luego de que Andrea Cecilia Domínguez Anguiano, exdirectora del Patronato de la Feria, difundiera en redes sociales un video en el que denunció una presunta persecución en su contra y responsabilizó públicamente a varios funcionarios y personajes cercanos al Gobierno del Estado de cualquier cosa que pudiera ocurrirle.

          La acusación coloca nuevamente bajo los reflectores un conflicto que comenzó formalmente el 30 de junio, cuando fue revocada la autorización para que la Fundación Expo Parque Ávalos S.C. y Servicios Funcionales Geicoo S.A. de C.V. continuaran operando y administrando la Feria de Santa Rita. A partir de entonces se produjo un rompimiento entre la administración entrante y el grupo que encabezaba Domínguez Anguiano, acompañado de señalamientos sobre cuentas, proveedores, contratos y manejo de recursos.

          En su denuncia de este lunes, Domínguez sostiene que desde esa fecha comenzó lo que ella describe como una persecución mediante distintas instancias gubernamentales. Afirma que ha recibido amenazas, que teme por su vida y que incluso su domicilio habría sido cateado en varias ocasiones. También aseguró que fue despojada de bienes y que existe una orden de aprehensión en su contra.

          La exdirectora fue todavía más lejos. Señaló directamente a Manuel Campos Galván, hermano de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, y responsabilizó de manera pública a la propia gobernadora, al secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña; a Alberto de la Peña, hermano del funcionario, y al secretario particular del Ejecutivo estatal, Fernando Álvarez Monje. Según su versión, las acciones emprendidas en su contra estarían relacionadas con su negativa a participar en presuntas irregularidades que, afirma, detectó durante su gestión.

          Hasta este momento, sin embargo, esas acusaciones deben ser presentadas como lo que son: señalamientos realizados públicamente por Andrea Domínguez. No encontré una confirmación oficial de que exista una orden de aprehensión en su contra, ni una fuente oficial que confirme que su vivienda haya sido cateada, que haya existido un despojo de bienes o que los funcionarios señalados hayan ordenado las acciones que ella atribuye.

          El contexto explica por qué la denuncia tiene especial relevancia.

          Andrea Domínguez no era una funcionaria menor dentro de la organización de Santa Rita. Durante más de cuatro años apareció públicamente como directora del Patronato. En 2023, la propia gobernadora Maru Campos reconoció públicamente su trabajo y se refirió a ella como directora de la Feria de Santa Rita.

          Su participación continuó en 2024 y 2025 y llegó hasta la edición 2026. El propio Gobierno del Estado la identificó el 15 de mayo de este año como directora del Patronato durante la inauguración de la Feria de Santa Rita.

          Es decir, quien ahora denuncia persecución fue durante años una figura públicamente vinculada con la organización de una de las principales fiestas populares de Chihuahua y mantuvo una relación institucional visible con autoridades estatales y municipales.

         La ruptura fue abrupta.

         En agosto, la nueva administración de la Feria difundió un deslinde mediante el cual desconoció a Domínguez y a otras 14 personas relacionadas con la anterior estructura administrativa. El comunicado advirtió a comerciantes, proveedores y ciudadanos que cualquier contratación, cobro o gestión realizada por esas personas no sería reconocida por la nueva administración.

          El conflicto también alcanzó a los proveedores.

          Se reportaron adeudos con empresas de iluminación, montaje, personal operativo y artistas que, de acuerdo con información publicada por diversos medios, seguían pendientes después de la conclusión de la edición 2026. También comerciantes denunciaron problemas relacionados con la renta de espacios y la operación de los establecimientos durante la feria. Estos señalamientos corresponden a reportes periodísticos y deberán ser acreditados documentalmente para establecer responsabilidades.

          Lo interesante del caso es que la propia autoridad estatal pidió cautela antes de hablar de culpables.

          La Secretaría de la Función Pública confirmó en agosto que existía una investigación sobre posibles irregularidades administrativas, pero advirtió que sería “irresponsable” y jurídicamente incorrecto señalar responsables antes de terminar la entrega-recepción y revisar la documentación administrativa y financiera.

          Hay otro elemento que tampoco debe perderse de vista. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Leopoldo Mares Delgado, planteó entonces que correspondía a la Auditoría Superior del Estado revisar las operaciones de la Feria y determinar si existían irregularidades.

          Por otra parte, el fiscal anticorrupción Abelardo Valenzuela declaró que la Fiscalía Anticorrupción no tenía en ese momento una investigación sobre el asunto. El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, también dijo desconocer las irregularidades y señaló que el contrato para manejar la feria no pasaba por su oficina.

          Ese antecedente hace particularmente delicada la denuncia difundida hoy.

          Porque ahora existen dos historias enfrentadas.

          Por un lado, la administración que sustituyó al grupo de Domínguez sostiene que hubo problemas administrativos, financieros y operativos que justificaron el rompimiento y la reorganización de la feria.

          Por el otro, Andrea Domínguez afirma que descubrió irregularidades y que precisamente por negarse a ser cómplice comenzó una persecución en su contra.

          Las dos versiones no pueden convertirse automáticamente en verdad. Una investigación formal tendría que establecer qué ocurrió con los contratos, los ingresos, los pagos a proveedores, las obligaciones de las empresas involucradas y, sobre todo, quién tenía facultades legales para manejar los recursos y comprometer a la Feria.

          Pero la denuncia de este lunes introduce una dimensión nueva: el conflicto dejó de ser exclusivamente administrativo y pasó a involucrar directamente a nombres del primer círculo político del Gobierno del Estado.

          El señalamiento contra Manuel Campos Galván es particularmente relevante por tratarse del hermano de la gobernadora. Sin embargo, la relación familiar no demuestra por sí misma participación alguna en los hechos denunciados. Lo mismo ocurre con los señalamientos contra Santiago de la Peña, Alberto de la Peña y Fernando Álvarez Monje: son acusaciones que deberán ser respondidas y, eventualmente, acreditadas mediante pruebas.

          Lo que queda sobre la mesa es una pregunta mucho más incómoda que el intercambio de acusaciones: ¿qué ocurrió realmente con la administración de la Feria de Santa Rita entre el grupo que la manejó durante años y la nueva estructura que asumió el control?

          Y hay otra pregunta todavía más importante: si existen investigaciones, denuncias, órdenes judiciales o cateos, ¿cuáles son sus expedientes, qué autoridad los ordenó y bajo qué argumentos jurídicos?

          Andrea Domínguez decidió hacer público el conflicto y puso nombres y apellidos sobre la mesa. Ahora corresponde a las autoridades, pero también a la propia denunciante, aportar documentos que permitan pasar de las acusaciones a los hechos comprobables.

         Por ahora, lo acreditado es que hubo una ruptura administrativa, que la concesión fue revocada, que existen investigaciones sobre posibles irregularidades y que la administración estatal pidió esperar a que concluyera la revisión antes de establecer responsabilidades.

         Lo demás está entrando en el terreno de las denuncias cruzadas. Y precisamente por eso, el caso de Santa Rita apenas comienza a tomar su verdadera dimensión.