CHIHUAHUA, CHIH.- El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, confirmó que, por mandato de una resolución de la justicia federal, se ha reactivado una carpeta de investigación dirigida contra exfuncionarios de la administración de Javier Corral Jurado (2016-2021). El expediente, que se centra en presuntos delitos de tortura y extorsión, señala directamente a figuras clave del sexenio anterior, como el exconsejero jurídico Jorge Espinoza Cortés y el exfiscal de Derechos Humanos, Francisco González Arredondo, este último ya vinculado previamente a procesos por agresiones psicológicas.
Jáuregui Moreno explicó que este proceso legal había quedado suspendido en etapas previas, pero una reciente determinación judicial obligó a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua a retomar las investigaciones de manera inmediata. El titular de la institución precisó que el equipo de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Tortura se encuentra en una fase de revisión exhaustiva del expediente para determinar el estatus de las pruebas y definir los siguientes pasos procesales contra los señalados.
De acuerdo con información de El Heraldo de Chihuahua, el fallo federal es vinculante y surge tras denuncias de exservidores públicos que aseguran haber sido víctimas de presiones ilegales y coacción durante la denominada Operación Justicia Chihuahua. Las investigaciones buscan esclarecer si Espinoza Cortés y González Arredondo, junto con otros colaboradores de primer nivel, utilizaron mecanismos de tortura física y psicológica para fabricar testimonios y obtener beneficios procesales en los casos de corrupción del pasado.
La gobernadora Maru Campos Galván ha sostenido que estas denuncias cuentan con el respaldo de organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), subrayando que no se trata de una persecución política, sino del cumplimiento de la ley. Con la reactivación de estas carpetas, el Ministerio Público evaluará si existen elementos suficientes para emitir nuevas órdenes de aprehensión contra el grupo de excolaboradores de Corral involucrados en estas prácticas violatorias de garantías fundamentales.
A la fecha, el estado actual del caso depende de la ratificación de las declaraciones de las víctimas y de los peritajes psicológicos bajo el Protocolo de Estambul. La Fiscalía de Derechos Humanos, encabezada por Yarynn Vázquez, será la responsable de presentar los resultados del análisis ante los tribunales, lo que podría derivar en una nueva serie de vinculaciones a proceso para los exfuncionarios implicados en el corto plazo.
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