Chihuahua, Chihuahua. — El juez de control Luis Alberto Simental Ortega rechazó la solicitud de la Fiscalía General de la República para llevar a cabo en privado la audiencia inicial en contra del ex fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno. La representación social había argumentado razones de seguridad nacional y la exposición de proyectos estratégicos de seguridad durante el desahogo del proceso; sin embargo, el juzgador determinó que no existen elementos suficientes para restringir el acceso público.
Durante la diligencia realizada en los juzgados federales, el órgano ministerial insistió en que el manejo de información reservada y esquemas operativos gubernamentales justificaba cerrar las puertas de la sala a la prensa y a la ciudadanía. No obstante, el resolutor ponderó los principios constitucionales de máxima publicidad, transparencia y libertad de prensa, subrayando que, al tratarse de un asunto que involucra a una figura pública de alto nivel, la regla general debe ser el escrutinio abierto, salvo afectaciones graves e irreparables al interés nacional que por el momento no fueron acreditadas de manera fehaciente.
Como parte del desarrollo procesal, la fiscalía entregó al juez un sobre con información de carácter confidencial, cuyo contenido fue clasificado temporalmente bajo reserva. Ante esta circunstancia, el juzgador garantizó el derecho de contradicción de la defensa, estableciendo que los abogados de Jáuregui tendrán acceso pleno a dichos documentos para asegurar una adecuada técnica de refutación y el respeto irrestricto al debido proceso, conforme a lo estipulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Este rechazo a la secrecía procesal se da en un entorno de alta tensión política y jurídica, marcado por la segunda carpeta de investigación abierta contra el ex funcionario por el delito de traición a la patria y los recientes posicionamientos de su equipo legal, encabezado por el abogado Héctor Villasana. La decisión judicial de mantener el carácter público de las audiencias asegura que el desarrollo de las imputaciones y la revisión de los indicios presentados por la federación permanezcan bajo la vigilancia directa de los medios de comunicación y la opinión pública.
