Ciudad de México.- El senador Javier Corral Jurado anunció su decisión de desistirse de la impugnación presentada en contra del no ejercicio de la acción penal emitido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, derivado de los hechos ocurridos el 14 de agosto de 2024, cuando autoridades de Chihuahua intentaron detenerlo en la capital del país. De acuerdo con un comunicado conjunto emitido por el legislador y su asesoría jurídica, la firma Schütte y Delsol Abogados, la determinación busca frenar la distorsión informativa, la utilización mediática y la manipulación política alrededor del caso.
En el documento, fechado el 2 de junio de 2026, el senador señala de manera directa a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, acusándola de actuar con un doble rasero al calificar el trámite judicial como persecución política en la Ciudad de México y, simultáneamente, presentarlo como una prueba de exoneración en el estado de Chihuahua. La defensa legal de Corral Jurado argumentó que el retiro del recurso legal tiene como propósito no contribuir a la campaña de victimización mediática de la mandataria estatal.
Pese a que la determinación sobre el incidente de agosto de 2024 quedará firme con este desistimiento, la asesoría jurídica del senador advirtió que el conflicto no concluye en esta instancia. El comunicado detalla que los presuntos delitos cometidos en contra de Javier Corral, que involucran el actuar concertado de autoridades ministeriales, judiciales, de fiscalización superior y del poder ejecutivo de Chihuahua, continúan bajo investigación formal ante la Fiscalía General de la República (FGR), sustentados en denuncias interpuestas por el propio legislador y por la fiscalía capitalina.
Finalmente, el texto legal hace un llamado a las instituciones federales para que realicen una investigación exhaustiva y con debida diligencia de ambas vertientes del conflicto. La defensa concluye manifestando que la sociedad civil exige transparencia, por lo que resulta necesario investigar a fondo tanto las acusaciones presentadas contra la pasada administración de Javier Corral, como el presunto uso faccioso e instrumentalización de las instituciones locales por parte de la actual administración del estado de Chihuahua, garantizando el debido proceso y la presunción de inocencia.
