EEUU pide arrestar y extraditar al gobernador Rocha Moya
En un movimiento que ha sacudido los cimientos del proyecto político de la Cuarta Transformación, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de conspirar con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. La imputación, revelada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, sostiene que los acusados recibieron sobornos y apoyo del cártel a cambio de protección institucional, información privilegiada sobre operativos y facilidades para el trasiego masivo de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos. También se les imputan cargos por posesión y uso de armamento de guerra.
Entre los señalados figuran el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez y varios altos mandos policiales y de la Fiscalía estatal. Según la acusación, algunos recibían pagos mensuales que oscilaban entre 1,600 y más de 11,000 dólares. Los fiscales estadounidenses afirman que Rocha Moya habría contado con el respaldo directo de Los Chapitos durante su campaña por la gubernatura en 2021, incluyendo presuntas intimidaciones a rivales políticos, y que una vez en el poder mantuvo reuniones con líderes del grupo criminal para garantizar su operación con relativa impunidad.
Este caso representa una de las acusaciones más graves contra un gobernador en funciones en la historia reciente de México y golpea directamente al corazón de Morena. Rocha Moya es un político cercano a la Cuarta Transformación y ha sido públicamente elogiado por la presidenta Claudia Sheinbaum en el pasado. No menor es el dato dado a conocer por él mismo a finales del año pasado, en el sentido de que no ganó la encuesta, que fue la voluntad de Andrés Manuel López Obrador la que lo llevo ala gubernatura. El escándalo llega en un momento delicado para el gobierno federal, que ya enfrenta crecientes presiones de Washington en materia de seguridad y fentanilo.
La respuesta del gobierno mexicano fue rápida y defensiva. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el 28 de abril, a las 18:00 horas, recibió de la Embajada de Estados Unidos las solicitudes formales de detención provisional con fines de extradición para las diez personas. Los expedientes fueron turnados de inmediato a la Fiscalía General de la República (FGR) para su análisis conforme al Tratado de Extradición bilateral y la legislación mexicana.
En un comunicado oficial, la Cancillería fue contundente: tras una revisión preliminar, los documentos estadounidenses “no cuentan con elementos de prueba suficientes para determinar la responsabilidad de las personas” solicitadas. México además anunció que enviará una nota diplomática de extrañamiento a Washington por la filtración pública de la información, la cual considera una violación a las cláusulas de confidencialidad de los tratados. Rubén Rocha Moya rechazó las acusaciones de manera categórica, calificándolas como “falsas, sin fundamento y politizadas”, y las interpretó como un ataque directo contra el proyecto de la Cuarta Transformación y la soberanía nacional.
Claudia Sheinbaum, hasta el momento, no ha emitido comentarios directos sobre la imputación específica, aunque su gobierno ha mantenido una línea consistente: cualquier investigación contra servidores públicos mexicanos debe sustentarse en pruebas sólidas y ser revisada por autoridades nacionales. La presidenta ha insistido en que México no protegerá a nadie si existen evidencias, pero que el debido proceso y la soberanía no son negociables.
¿Un movimiento estratégico con miras a las elecciones intermedias?
Más allá del ámbito jurídico, este caso se inscribe en un contexto político de alta tensión bilateral. Muchos analistas interpretan la acusación y la solicitud de extradición como un movimiento calculado por parte de la administración Trump en el tablero geopolítico, con clara vista a las elecciones intermedias de noviembre de 2026 en Estados Unidos.
Las elecciones remedio término del 3 de noviembre próximo serán decisivas para el control del Congreso. Los republicanos buscarán mantener o ampliar su mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado. En este escenario, el endurecimiento contra el narcotráfico y la migración sigue siendo uno de los ejes centrales de la narrativa trumpista. Acusar públicamente a un gobernador de Morena de proteger a Los Chapitos permite a la Casa Blanca reforzar su discurso de que el problema del fentanilo no solo radica en los cárteles, sino en la presunta complicidad de autoridades mexicanas de alto nivel.
Al filtrar y visibilizar la acusación de manera tan pública, Washington envía varios mensajes simultáneos: presiona a la administración Sheinbaum para que actúe con mayor dureza contra el crimen organizado, proyecta firmeza ante su electorado republicano y crea un tema de campaña potente de cara a las intermedias. “México no coopera lo suficiente” o “el narco gobierna partes de México” son narrativas que pueden movilizar votantes preocupados por la seguridad y el consumo de fentanilo en Estados Unidos.
Para Morena y la Cuarta Transformación, el golpe es doblemente sensible. Sinaloa es un estado que es gobernador por Rocha Moya por decisión personal de López Obrador, el mismo gobernador hace algunos meses declaró que él no ganó la encuesta. Una percepción de infiltración del narco en sus filas erosiona la imagen de transformación y honestidad que el movimiento ha cultivado. Además, obliga a Sheinbaum a equilibrar dos frentes: por un lado, defender la soberanía y el proyecto político; por el otro, evitar una escalada que pueda derivar en mayores tensiones comerciales, migratorias o incluso en medidas unilaterales por parte de Estados Unidos.
El desenlace dependerá en gran medida de la actuación de la FGR en las próximas semanas. Si la Fiscalía determina que no hay pruebas suficientes bajo el estándar mexicano, es probable que rechace la detención provisional, lo que podría generar una nueva ola de críticas desde Washington y ser utilizado como munición política en las campañas rumbo a noviembre. Si, por el contrario, la FGR encuentra méritos para avanzar, se abriría un proceso judicial de alto impacto que marcaría un precedente histórico y pondría a prueba la unidad interna de Morena.
En cualquier caso, este episodio refuerza la narrativa de que el crimen organizado ha permeado niveles altos del poder en México y expone los límites reales de la soberanía cuando los delitos son transnacionales y afectan directamente la seguridad nacional estadounidense. También obliga a la 4T a reflexionar sobre cómo blindar su proyecto político frente a presiones externas cada vez más agresivas.
La pelota está ahora en la cancha de la Fiscalía General de la República y, en última instancia, en la decisión política que tome Palacio Nacional. Mientras tanto, tanto en México como en Washington, todos los actores saben que este no es sólo un caso judicial: es también un capítulo más de la compleja partida geopolítica que se juega entre ambos países, con las elecciones intermedias estadounidenses como telón de fondo.
