Por LaFare
En las polvorientas carreteras de Chihuahua, donde el asfalto se confunde con el desierto y el tráfico de narcos con el de políticos ambiciosos, el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, parece haber convertido su convoy oficial en un símbolo de impunidad. Hace apenas unos días, en la caseta de cobro de Sacramento –ese punto neurálgico en la ruta federal que serpentea hacia el interior del estado–, un retén conjunto del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional detuvo al séquito del munícipe morenista. No fue un control rutinario: los federales cuestionaron un despliegue que olía a convoy narco, con vehículos blindados, escoltas armados y un aire de superioridad que no pasó desapercibido. Pero Pérez Cuéllar, lejos de aprender la lección, persiste en su ofensiva electoral, despachando recursos públicos de los juarenses como si fueran fichas de póker en una mesa amañada.
El incidente, que trascendió en redes sociales y corrillos locales antes de evaporarse en el silencio oficial, expuso grietas en el blindaje del alcalde. Fuentes cercanas a las autoridades federales –que prefieren el anonimato por obvias razones de jerarquía– describen una escena digna de thriller fronterizo: un convoy de al menos cinco unidades, incluyendo camionetas de alta gama con placas municipales, avanzaba sin autorización expresa para operar fuera del perímetro de Juárez. Los escoltas, autodenominados «guardias presidenciales» en un guiño a la pompa federal, portaban armas de cargo –algunas oficiales, otras de dudosa procedencia– sin el permiso de porte requerido por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), tramitado ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). «Ni un oficio firmado por el titular de la SSPE, Gilberto Loya, ni una mica legítima en regla», asegura un militar involucrado, quien detalla que los agentes mostraron credenciales «piratas», falsificadas o caducadas, que no convencieron a nadie en el retén.
La tensión escaló rápido. Mientras los uniformados revisaban el arsenal improvisado, los escoltas –a un paso de las esposas– se parapetaron tras llamadas febriles. Pérez Cuéllar, según testigos, «quemó un cartucho de los grandes»: intervenciones directas a altos mandos de la Sedena en Chihuahua, y quizás un guiño al exsecretario de Seguridad capitalino, Omar García Harfuch, ahora figura clave en la 4T. El resultado: una «cortesía» que huele a compadrazgo partidista. Los militares, bajo órdenes superiores, levantaron el retén y dejaron pasar el convoy, envuelto en el hedor metafórico de los «gases de Villa Ahumada» –esa referencia irónica a los bloqueos y protestas que han paralizado la región en años pasados, donde la GN ha sido blanco de críticas por su manejo de la inseguridad. Nadie sabe con exactitud a quién llamó el alcalde, pero el desenlace grita privilegios: pertenecer a Morena abre puertas que para otros se cierran con candado.
Este no es un tropiezo aislado, sino el clímax de una campaña que pisotea la ley con la arrogancia de quien se sabe intocable. Pérez Cuéllar, reelegido en 2021 bajo la bandera de la «transformación» morenista, ha convertido su gestión en un trampolín personal. Mientras Juárez lidia con una violencia que no cede –con más de 800 homicidios este año–, el alcalde multiplica sus giras por el estado, financiadas con el erario público. Esta misma semana, recaló en la capital chihuahuense para «entregar» juegos infantiles en jardines de niños, un acto que el PAN califica de «promoción personalizada disfrazada de servicio público». Acompañado del regidor Hugo González Muñiz, también de Morena, el evento incluyó elementos alusivos a su imagen –iniciales CPC grabadas en los metales–, todo en horario laboral y con fondos municipales. «Es un abandono flagrante de funciones y un uso indebido de recursos que viola el artículo 134 constitucional», denuncia Daniela Álvarez, presidenta del CDE del PAN en Chihuahua, quien anuncia querellas ante la Fiscalía Anticorrupción y la Auditoría Superior del Estado (ASE) para este lunes.
La crítica no es panista pura; es un eco de escándalos previos. En 2023, Movimiento Ciudadano (MC) demandó ante el INE al alcalde por subsidiar un mitin de Adán Augusto López con recursos juarenses, un «desfile para el ego» que costó miles de pesos en logística y promoción. Antes, el Tribunal Electoral local desestimó denuncias por pintas en bardas con lemas como «Cruz que siga», pero no sin que el IEE lo multara por promoción ilegal. Y en redes, el descontento bulle: usuarios como @ciudadanochi lamentan ver su rostro en «decenas de espectaculares» en Chihuahua capital, financiados con «dinero opaco del narco o público», en actos anticipados que el INE parece ignorar. Pérez Cuéllar no solo ignora los precedentes; los multiplica. Mañana, su agenda lo lleva a Nuevo Casitas Grandes, esa región que él mismo ridiculizó en el pasado por las ruinas de Paquimé –un patrimonio UNESCO que merece respeto, no burlas–, y luego a Galeana, bastión del Cártel de Juárez, donde «el Oso, el Wacho y el Güerito» –líderes locales del crimen organizado– dictan ley. Allá, quizás no precise escoltas: el alcalde se mueve como pez en el agua, cortejando votos en territorios donde la seguridad es un lujo y la lealtad, un trueque.
¿Qué dice esto de la 4T en Chihuahua? Que la «austeridad republicana» es un eslogan para las masas, mientras los suyos navegan en convoyes blindados y presupuestos ajenos. Pérez Cuéllar, con su historial de críticas a la GN por «abusos» en 2021 –cuando defendió a un colaborador «robado» en un retén–, ahora invoca los mismos lazos para evadirlos. Es una hipocresía que erosiona la confianza: ¿quién vigila al vigilante cuando el partido en el poder convierte la ley en sugerencia? Las denuncias del PAN podrían ser el detonante, pero sin una fiscalía autónoma, corren riesgo de archivarse como tantas otras. Mientras, los juarenses pagan la factura: impuestos desviados a campañas, escoltas en turismo electoral y un alcalde que prioriza el gubernatura sobre las calles llenas de baches y una ciudad sin banquetas, lo que perjudica a la movilidad urbana en sus dos vertientes la vehicular y la peatonal.
La ruta de Pérez Cuéllar no termina en Galeana; apunta al palacio de gobierno estatal en 2027. Pero si persiste en este circo de ilegalidades, podría toparse con un retén que ni las «buenas oficios» de Morena liberen: el de la ciudadanía harta. En Chihuahua, donde el desierto no perdona errores, la impunidad tiene fecha de caducidad. ¿Aprenderá el alcalde, o seguirá acelerando hacia el abismo? El volante está en sus manos; el combustible, en las arcas públicas.
El PAN paga el precio de un PRI parásito
En un acto de autodefensa oportuna, el PAN rompe con el PRI tras años de ser el socio explotado en una coalición que solo benefició al tricolor, como lo demuestran los números crudos de 2024: el PRI aportó apenas un raquítico 7-8% de votos –según analistas como Leonel Coco Reyes– a cambio de ceder candidaturas y espacios clave, mientras el blanquiazul vio mermados sus municipios de 19 a 17 y sus diputados de 15 a 12. Lejos de fortalecer la oposición, esta «Fuerza y Corazón por México» diluyó el esfuerzo panista en un matrimonio de conveniencia que restó prestigio y territorio, priorizando cuotas internas sobre el trabajo de calle. Analistas como Eduardo Borunda coinciden: sin escuela de cuadros ni líderes genuinos, ambos partidos languidecen en elitismo cupular; el PAN, al ir solo, recuperaría sus orígenes militantes en estados como Chihuahua, donde aún resiste, en vez de subsidiar a un PRI que en 2021 sacó 26 alcaldías por su cuenta y ahora arrastra a la alianza al abismo morenista. Es hora de que el blanquiazul deje de ser el tonto útil y apueste por autenticidad ciudadana, o perecerá en la irrelevancia.
El oficialismo se ensancha en el Tribunal Electoral
La renuncia de la magistrada Janine Otálora el 31 de octubre no es un mero ajuste administrativo, sino un golpe quirúrgico que consolida el control oficialista en la Sala Superior del Tribunal Electoral, dejando un pleno de cinco integrantes alineados con Morena y un solitario independiente, Reyes Rodríguez, como vestigio de pluralidad. Esta maniobra expone el vacío constitucional deliberado en la reforma judicial: mientras el artículo 98 prevé sustituciones por el segundo lugar en votaciones para cargos electos, nada se anticipó para renuncias entre 2025 y 2027 en puestos no sometidos a urnas, como los cinco «salvados» de la demolición original propuesta por López Obrador. El Senado, dominado por el bloque que ratificó la sobrerrepresentación del 73% en Diputados —pese al disenso aislado de Otálora, quien advirtió que erosiona los controles institucionales—, ahora decide el remplazo, pero la inercia apunta a dejar la vacante hasta 2027, preservando el quorum favorable al gobierno. Con la integración de Claudia Valle y Gilberto Bátiz, guiados por «acordeones» morenistas validados por el propio tribunal, y su alineación inmediata con el triunvirato de Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata —evidente en fallos como el rechazo a la protección de Claudia Zavala contra persecuciones administrativas—, el TEPJF se convierte en un apéndice del Ejecutivo. Esta captura institucional no solo prolonga mandatos más allá de lo original (hasta 11 años para algunos), sino que socava la colegialidad y la independencia, revelando una reforma que priorizó el poder sobre la previsión legal, y un tribunal que, con voto de calidad en manos oficialistas desde noviembre, funcionará «adecuadamente» solo para desempates convenientes.
Vacantes en OPLEs expone fracturas en el INE
El reciente episodio en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) de México, ocurrido durante la sesión extraordinaria del viernes 31 de octubre de 2025 —en un ambiente festivo por el Día de Muertos, con el salón decorado con cempasúchil—, reveló profundas divisiones internas que han dejado 16 de 44 consejerías vacantes en los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), a pesar de un riguroso proceso de selección que duró siete meses y atrajo a 1,916 aspirantes iniciales, reducidos a 117 finalistas tras evaluaciones técnicas y entrevistas. De estas, solo se designaron 28 posiciones (16 para mujeres y 12 para hombres), distribuidas en 17 entidades federativas, lo que equivale a una tercera parte de los cargos sin cubrir, incluyendo presidencias clave en Campeche, Chiapas y Colima, así como otros puestos en Guerrero, Hidalgo, Coahuila, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas y Tlaxcala. Esta parálisis se debe a la exigencia de mayoría calificada (ocho de 11 votos por designación), que no se alcanzó en las votaciones individuales, a diferencia de procesos previos donde se priorizaban consensos previos en la Comisión de Vinculación con los OPLEs, presidida por Jorge Montaño Ventura.
La discusión no solo expuso la fractura en la llamada «Herradura de la Democracia» —la coalición informal de consejeros opositores al oficialismo—, sino que derivó en acusaciones mutuas de «selecciones a modo», deficiente conducción y falta de voluntad para dialogar. La consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala defendió las vacantes como una «garantía de calidad» y no un fracaso, enfatizando: «No llenar un espacio hoy no es un fracaso, es una garantía de que no sacrificaremos la calidad por la prisa» y rechazando «consensos artificiales» de épocas pasadas. En contraste, el consejero Uuc-kib Espadas Ancona las calificó como síntoma de «conflictos con 30 meses de añejamiento», comparándolos con «30 minutos bajo el agua», y urgió no ignorar el «clima de confrontación» acumulado en dos años y medio. Martín Faz Mora lamentó el récord histórico de vacantes (16 vs. 17 en 526 designaciones desde 2014), atribuyéndolo a «serias dificultades de colegialidad» y no a la falta de perfiles idóneos. Otros, como Carla Humphrey Jordan, denunciaron cinco reuniones canceladas en la comisión por «compromisos o urgencias» de colegas, y Jaime Rivera apuntó a «escasez de coordinación y voluntad», con ausencias inexplicables de Montaño. Norma Irene de la Cruz Magaña, en cambio, vio en las vacantes una «oportunidad para reflexionar y ajustar el procedimiento».
Este impasse ocurre en un contexto crítico: los OPLEs incompletos deberán organizar elecciones locales en 2026 en las 32 entidades, y federales en 2027, procesos que demandan «altos perfiles» según Taddei. Además, agrava la incertidumbre ante la iniciativa de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, presentada en agosto de 2025, que propone la desaparición de los OPLEs por «duplicar funciones» con el INE nacional, argumentando ahorros presupuestales y mayor eficiencia, aunque críticos como la consejera Sayonara Flores del IEEM advierten que sería una «regresión» que centralizaría el poder y debilitaría la autonomía local. Consejeros locales han defendido su permanencia, destacando su rol en la equidad de género y contextualización regional, pero el debate en el Congreso —donde Morena tiene mayoría— podría sellar su ocaso, haciendo que las vacantes actuales parezcan un presagio de obsolescencia. Los aspirantes no designados deberán aguardar una nueva convocatoria, prevista para 2026, lo que podría perpetuar la inestabilidad.
La paradoja de la democracia vacante
La parálisis en el Consejo General del INE no es mero tropiezo administrativo, sino un síntoma alarmante de una institución electoral erosionada por egos y agendas partidistas, que en vísperas de una reforma que amenaza con evaporar a los OPLEs —bajo el pretexto de «eficiencia» que huele a centralismo autoritario— opta por el bloqueo en lugar del puente, dejando a 16 consejerías huérfanas como trofeos de una «democracia vital» que Guadalupe Taddei invoca para maquillar la impotencia colectiva. Esta «Herradura» fracturada, donde acusaciones de «consensos artificiales» chocan con lamentos por reuniones saboteadas, revela no solo la hipocresía de un órgano que defiende la autonomía local mientras la sabotea internamente, sino un riesgo inminente para 2027: ¿cómo organizar elecciones creíbles con OPLEs mancos y un INE que, en su autodefensa retórica, envía mensajes paradójicos de prescindibilidad? En última instancia, este encono no fortalece la democracia, sino que la hipoteca al servicio de inercias tóxicas, recordándonos que la verdadera crisis no radica en perfiles «idóneos», sino en la ausencia de líderes dispuestos a priorizar el bien público sobre el show de confrontaciones añejas.
Loya a perdido el oremus
En Ciudad Juárez, las bardas adornadas con el rostro y el nombre de Gilberto Loya no son mero graffiti espontáneo de “admiradores anónimos”, sino una burda maniobra de autopromoción que revela la hipocresía rampante de un funcionario que, mientras finge modestia, se relame ante la idea de la gubernatura con las siglas del PAN; su “agradecimiento” a los pintores misteriosos huele a complicidad orquestada, y su repetitivo mantra de “sería un honor” no disimula el cinismo de quien prioriza ambiciones electorales sobre la seguridad que juró defender, convirtiendo la crisis de violencia en Chihuahua en un simple trampolín político mientras insiste en que su “compromiso actual” es con los ciudadanos —palabras vacías que contrastan con la especulación que él mismo alimenta en redes, exponiendo a un oportunista disfrazado de servidor público. Lo peor es que la gobernadora se regodea en afirmar que para aspirar hay que dar resultados, “que trabajo mata grilla”; entonces como entender que el responsable de la seguridad pública en el segundo estados más violento del país, quiere llevar su incapacidad a un puesto de elección popular. ¿Quién lo alienta?, ¿tocó base con Maru y tiene el beneplácito?…o simplemente las entendederas no le ayudan.
Encuentro de Alto Nivel en el Cenart: Perla de la Rosa Dialoga con Rosa Icela Rodríguez sobre Ciudad Juárez
La destacada actriz y activista juarense Perla de la Rosa, galardonada recientemente con el premio a Mejor Actriz en el Moonlight Online International Film Festival en Arboga, Suecia, y poseedora de reconocimientos como el Premio Nacional de Dramaturgia, la Medalla de Oro de Bellas Artes, el Ariel en 2004 por Mil nubes de paz, el Juan Luis de Alarcón y la Medalla al Mérito Cultural Víctor Hugo Rascón Banda, sostuvo un diálogo de una hora con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en el Centro Nacional de las Artes (Cenart). El tema central fue Ciudad Juárez, donde la artista compartió sus perspectivas sobre la frontera, según lo dio a conocer en sus redes sociales con el mensaje: “En El Centro Nacional de las Artes. Una visita extraordinaria a Los Muertos. Rosa Icela Rodríguez, nuestra Secretaria de Gobernación. Tanto que contarle de Juárez”. Reconocida por su activismo en defensa de la ciudad y sus denuncias contra la corrupción en el gobierno del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, De la Rosa aprovechó el encuentro para visibilizar los desafíos de la región.
