Ciudad de México.- La abogada electoral Mónica Calles denunció ser objeto de una indagatoria penal por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y de medidas restrictivas en plataformas digitales, tras difundir contenidos sobre un procedimiento interno del Instituto Nacional Electoral (INE). El conflicto se desencadenó a raíz de la representación legal que ejerce en favor de una extrabajadora del organismo que denunció presunto acoso laboral y despido injustificado.
La controversia escaló luego de que la litigante publicara material audiovisual de una diligencia pública efectuada en instalaciones institucionales. A partir de la difusión, una funcionaria del organismo interpuso una querella ante la FGR, instancia que abrió una carpeta de investigación bajo los presuntos delitos de amenazas, extorsión y discriminación.
Calles señaló que en la indagatoria figuran datos de carácter personal que, según su estimación, habrían sido sustraídos del expediente profesional gestionado ante el propio instituto. Asimismo, indicó que la representación ministerial requirió a la red social X la supresión de ocho publicaciones, incluyendo contenidos vinculados al caso de su representada y un reporte informativo de un medio de comunicación nacional.
El asunto fue abordado en la sesión del Consejo General del INE, donde el representante de Somos, Marco Antonio Baños, cuestionó la procedencia de solicitar limitaciones sobre las cuentas digitales de la abogada, al señalar la incompatibilidad de este tipo de medidas con los estándares de acceso a plataformas digitales.
Por su parte, el órgano electoral emitió una tarjeta informativa el pasado 5 de septiembre en la que deslindó a la institución de la interposición de denuncias penales ante la fiscalía federal. El organismo precisó que las acciones legales emprendidas por particulares no reflejan actuaciones institucionales y reiteró su reconocimiento a la libertad de expresión y al quehacer periodístico.
En contraparte, la abogada insiste en que las actuaciones ministeriales y los requerimientos de censura digital configuran una persecución derivada de sus denuncias públicas sobre presuntas irregularidades laborales al interior de la estructura del organismo electoral.
