Chihuahua, Chih.- La confrontación política en el estado de Chihuahua en torno a la situación migratoria de los liderazgos partidistas escaló de intensidad tras la postura asumida por la dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Daniela Álvarez Hernández. La líder blanquiazul calificó públicamente como una versión inverosímil y fuera de toda lógica institucional el argumento de la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Brighite Granados de la Rosa, quien justificó la reciente revocación de su visado estadounidense como la consecuencia directa de una sanción de tráfico menor cometida hace una década en el territorio norteamericano.
Durante un posicionamiento ante los medios de comunicación en Ciudad Juárez, la presidenta del panismo chihuahuense argumentó que los criterios de control fronterizo operados por el Departamento de Estado y las agencias de inteligencia de los Estados Unidos no contemplan la cancelación definitiva de permisos de viaje por faltas administrativas o infracciones viales acumuladas en el pasado. Álvarez Hernández señaló que resulta altamente sospechoso que un incidente de tránsito ocurrido hace diez años en el estado de Nuevo México se utilice como causal de retiro documental en la actualidad, máxime cuando la propia dirigente morenista admitió haber completado de forma satisfactoria un proceso formal de renovación consular hace apenas dos años sin recibir observaciones al respecto.
En el terreno del desglose analítico, la dirigencia de Acción Nacional sostuvo que la narrativa oficialista intenta minimizar las verdaderas razones de la restricción migratoria, la cual se inscribe en un contexto de constantes inhabilitaciones de visados aplicadas a funcionarios y liderazgos del partido oficialista en diversas entidades del país. La líder de la oposición local enfatizó que existen testimonios específicos que ubicaron a la morenista en áreas de retención destinadas a perfiles bajo investigación formal por parte del personal del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, lo que robustece la tesis de que el retiro de su acreditación de viaje responde a indagatorias de mayor calado institucional y no a una simple multa vial.
Ante este escenario de acusaciones mutuas, el panismo reiteró su exigencia de transparencia total hacia la opinión pública, argumentando que los dirigentes de las principales fuerzas políticas en las franjas fronterizas deben mantener absoluta claridad sobre su estatus legal internacional. Daniela Álvarez concluyó manifestando que el intento de Morena de catalogar el incidente administrativo como un ataque orquestado o una filtración ilegal es un recurso discursivo para evadir el fondo de la discusión, emplazando a la representación guinda a esclarecer con documentos consulares oficiales los motivos reales que las autoridades estadounidenses asentaron en las actas migratorias tras su remisión en el puerto de entrada fronterizo.
