CHIHUAHUA, Chihuahua.- A dieciocho meses de que se formalizaran las denuncias públicas por presuntos casos de violencia sexual en contra de niñas al interior de la guardería Gussi, madres de familia afectadas se reunieron de manera privada con la diputada María Antonieta para exponer el estado crítico de las indagatorias y la falta de avances en las carpetas de investigación correspondientes.
Durante el encuentro, las madres manifestaron su profunda preocupación ante la falta de certeza institucional, señalando que las víctimas —menores de uno, dos y tres años de edad al momento de los hechos— se encontraban bajo la custodia y el cuidado directo del establecimiento mercantil cuando ocurrieron las agresiones denunciadas.
Uno de los puntos que generó mayor inconformidad entre las familias es la postura adoptada por la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM), ya que —según acusan— la dependencia ha sugerido la hipótesis de que las agresiones pudieron haber ocurrido fuera de las instalaciones de la guardería, sin que hasta el momento se les hayan presentado elementos probatorios sólidos que respalden dicha línea de investigación.
Ante este escenario, la legisladora criticó que la actuación ministerial parezca orientada a buscar explicaciones exculpatorias en lugar de agotar las indagatorias con rigor. Sostuvo que cuando un infante se encuentra bajo la tutela de una institución subrogada o privada, el Estado adquiere la responsabilidad jurídica ineludible de garantizar entornos seguros y de investigar con exhaustividad ante cualquier vulneración.
Como parte de los acuerdos derivados de la reunión, la diputada informó que su equipo jurídico ya se encuentra revisando detalladamente el estatus de los expedientes. Asimismo, anunció gestiones para sumar el respaldo de organizaciones civiles especializadas, tales como Casa Amiga, con el propósito de brindar acompañamiento integral a las familias afectadas y estructurar una ruta legal que obligue a la autoridad ministerial a transparentar y agilizar los resultados.
Las madres afectadas reiteraron que mantendrán su exigencia de justicia, advirtiendo que la dilación y la falta de perspectiva de infancia en los procesos ministeriales agravan la vulnerabilidad de las víctimas y normalizan la impunidad institucional en agravio de la niñez chihuahuense.
