Guadalajara, Jal.— La represión policial registrada durante la mega marcha del 11 de octubre en Guadalajara para exigir agua potable escaló al ámbito federal, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum advirtiera que el gobierno federal intervendrá si se presenta una denuncia formal por la actuación de los elementos de seguridad estatales, un caso que podría turnarse a la Fiscalía General de la República si se señala a agentes que participaron en el operativo.
Los hechos derivaron en la detención inicial de 39 personas, las cuales fueron calificadas por organizaciones defensoras de derechos humanos como arrestos arbitrarios y sin justificación. Ante este panorama, diversas instituciones académicas y civiles han comenzado a recopilar pruebas; el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ, del ITESO, convocó a la ciudadanía a compartir testimonios, fotografías y videos que muestren las detenciones arbitrarias, el acoso y las acciones violentas de la policía a través del correo cudj@iteso.mx o las cuentas de X @cepad_ac y @clademjalc, bajo la premisa de que documentar es vital para la memoria y la justicia.
En el ámbito de las liberaciones, la Fiscalía del Estado informó que tras las 18:00 horas fueron liberadas 9 personas más, acumulando 32 manifestantes en libertad, entre quienes figuran Martín Itzcóatl N, Luis Fernando N, Alejandro Daniel N, Miguel Angel N, Miguel Maximiliano N, Martha N, Iker Ricardo N, Jorge Ignacio N y Daniel N.
Sin embargo, organizaciones como Propuesta Cívica exigen la liberación inmediata de las siete personas restantes que continúan detenidas y que fueron trasladadas al penal de Puente Grande bajo acusaciones de lesiones dolosas y desobediencia a particulares. Los manifestantes aún encarcelados fueron identificados como Samuel Morales, Iván Octavio, Alexis Guzmán, Teodoro Torres, David Álvarez, Juan Muñoz e Israel Rosas, por quienes también aboga la Red Solidaria por Palestina Guadalajara mediante la recolección de material audiovisual.
Por su parte, la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, confirmó que la dependencia analiza junto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos las quejas presentadas por detenidos y sus familiares, revisando de manera individualizada cada procedimiento. Aunque la funcionaria federal indicó que los hechos deben documentarse y someterse a diligencias, evitó confirmar o descartar las denuncias de tortura realizadas por algunos de los afectados.
Estas acciones se suman al llamado que el lunes realizó el Ejecutivo federal al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, para que explique el uso de agua y gases lacrimógenos durante la protesta y transparente la lista completa de todas las personas que fueron arrestadas.
