Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República abrió una nueva línea de investigación formal para determinar si agencias del gobierno de Estados Unidos, particularmente el Buró Federal de Investigaciones, planearon y ejecutaron un operativo encubierto en territorio nacional para capturar al narcotraficante Ismael Zambada en julio de 2024. Las autoridades ministeriales indagan si estas acciones representaron una violación directa a la soberanía del Estado mexicano.
Durante una conferencia de prensa colectiva, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, confirmó el envío de una nueva solicitud de asistencia jurídica internacional al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La petición oficial exige la entrega inmediata de bitácoras de vuelo, identidades de los pilotos y reportes de inteligencia que esclarezcan las condiciones bajo las cuales el capo fue extraído del país.
Por su parte, el titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, Raúl Armando Jiménez, calificó como insuficiente y fragmentaria la información que el gobierno estadounidense ha compartido con México desde que ocurrieron los hechos. El funcionario señaló que las omisiones institucionales por parte de las agencias extranjeras obstaculizan el esclarecimiento del presunto secuestro del líder del cártel de Sinaloa.
La línea del tiempo ministerial establece una correlación directa entre la liberación o modificación de medidas cautelares de Ovidio Guzmán en territorio estadounidense y el traslado forzado de Zambada apenas dos días después. La representación social documentó además el ingreso simultáneo de diecisiete familiares del clan delictivo a la Unión Americana, lo que fortalece la hipótesis de una operación coordinada a espaldas de las instituciones mexicanas.
La titular de la institución desestimó de manera tajante las declaraciones previas de las representaciones diplomáticas de Washington, las cuales atribuían el evento exclusivamente a una disputa interna entre facciones criminales. La fiscal del país sostuvo que las evidencias recolectadas en el aeródromo y las inconsistencias en los reportes de las agencias americanas apuntan hacia una intervención que violenta los tratados binacionales vigentes.
Los mandos de la corporación informaron que las carpetas de investigación locales se mantienen abiertas y sin reservas, de forma independiente a los procesos judiciales que el procesado enfrenta en las cortes de Nueva York. El Ministerio Público de la Federación continuará el acopio de testimoniales y peritajes aeronáuticos para fincar las responsabilidades correspondientes por delitos cometidos en suelo patrio.
