Chihuahua, Chih.- El pleno de la Sexagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua aprobó una reforma a la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la entidad, con el objetivo de reconocer formalmente al pueblo N’dee/N’nee/Ndé o Apache como comunidad originaria y asegurar la tutela jurídica de sus diversas manifestaciones identitarias dentro del marco legal local. El dictamen, emanado de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas y expuesto ante la asamblea por el diputado Arturo Medina, representa un avance en la armonización legislativa frente a las directrices de la federación.
Desde la perspectiva del análisis político y periodístico, la modificación normativa atiende un reclamo histórico de visibilización y busca alinear el marco jurídico estatal con el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas emitido por el Gobierno Federal en el año 2024. Al incluir nominalmente a la comunidad Apache en este instrumento de protección, el Poder Legislativo dota de certidumbre jurídica al resguardo de los activos culturales materiales e inmateriales de una población cuya presencia en el territorio chihuahuense ha estado marcada por la resistencia y la continuidad comunitaria.
Durante el desahogo de los trabajos parlamentarios se puntualizó que, por criterios de técnica legislativa, el Congreso no estimó procedente la adición de un catálogo específico de etnias dentro del texto de la Constitución Política local o en la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas. No obstante, se determinó que la vía idónea para garantizar la salvaguarda de sus expresiones era la ley de patrimonio, articulando así un mecanismo institucional directo para blindar su lengua, sus conocimientos tradicionales y sus prácticas bioculturales frente a los riesgos de apropiación o pérdida de memoria histórica.
Con esta resolución, el andamiaje legal de Chihuahua reconoce de forma oficial la aportación del pueblo Apache a la diversidad social de la frontera norte. El decreto formaliza la obligación del Estado para diseñar políticas públicas y esquemas de financiamiento específicos que permitan la conservación de los sitios sagrados y las tradiciones vivas de la comunidad N’dee/N’nee/Ndé, cerrando un ciclo de exclusión institucional y fortaleciendo el respeto a los derechos colectivos de los pueblos originarios en la entidad.
