Chihuahua, Chih.- La diputada local Alma Portillo advirtió que la omisión en la expedición del Reglamento de la Ley del Agua del Estado de Chihuahua mantiene en un estado de indefensión jurídica a miles de familias, permitiendo que los organismos operadores actúen bajo criterios discrecionales y evadan su responsabilidad constitucional de garantizar el acceso al líquido vital. Ante esta problemática, la legisladora presentó un exhorto formal dirigido a la titular del Poder Ejecutivo Estatal y a la Junta Central de Agua y Saneamiento para exigir la publicación inmediata de dicho ordenamiento técnico y administrativo.
Desde la perspectiva del análisis político y periodístico, el reclamo de la congresista expone una falla estructural en la gobernanza de los recursos hídricos de la entidad que arrastra más de un lustro de simulación normativa. Portillo recordó que desde marzo de 2021 el Congreso del Estado aprobó reformas sustanciales a la legislación en la materia, estableciendo un plazo perentorio de ciento ochenta días para que el Ejecutivo publicara el reglamento correspondiente. El desacato de este mandato por más de cinco años ha dejado la ley incompleta, despojando a la ciudadanía de las herramientas operativas para sancionar la negligencia institucional.
La gravedad del vacío reglamentario se traduce en una judicialización del derecho al agua, obligando a los usuarios de escasos recursos a promover juicios de amparo ante la justicia federal para forzar a instancias como la Junta Municipal de Agua y Saneamiento a dotarles del servicio básico. El análisis de la diputada resalta que la ausencia de reglas claras impacta directamente la economía y la vida cotidiana de las familias chihuahuenses a través de cobros injustificados, mediciones imprecisas, tandeos discriminatorios, opacidad en la reparación de fugas y criterios dispares entre los diferentes municipios de la entidad.
Con este posicionamiento, la legisladora busca acotar el margen de discrecionalidad con el que operan las burocracias del agua en el estado, ligando la urgencia del reglamento con los principios de transparencia y rendición de cuentas. Al estructurar la demanda como un asunto de derechos humanos y certeza jurídica, el exhorto incrementa la presión política sobre la administración estatal en uno de los temas más críticos para la estabilidad social y el desarrollo de Chihuahua, concluyendo que la validez de una ley no reside en su promulgación formal, sino en la existencia de mecanismos punitivos y operativos que obliguen a los funcionarios a cumplir con sus obligaciones esenciales.
