Chihuahua, Chih.- La Fiscalía General del Estado de Chihuahua confirmó este viernes la identificación de tres hombres originarios de Durango, cuyos restos fueron extraídos de un tiro de mina en el municipio de Aquiles Serdán, en una operación que ha revelado un macabro cementerio clandestino a más de cien metros de profundidad. Las víctimas, reportadas como desaparecidas hace apenas una semana, se suman a otras tres ya reconocidas, dejando pendiente el cotejo de cuatro cadáveres más en un caso que ha sacudido a las autoridades locales y a las familias de los ausentes.
Los identificados responden a los nombres de Juan C. A., de 36 años; Ezequiel C. A., de 35 años, y Jesús Román D. S., de 41 años, todos con domicilio en el estado vecino. Su localización se logró mediante un minucioso proceso pericial que combinó entrevistas ante mortem con familiares y análisis dactiloscópicos, cuyos resultados fueron cruzados con las huellas digitales registradas en el Instituto Nacional Electoral. Este viernes, los cuerpos de Juan y Ezequiel fueron entregados a su padre en un emotivo acto en la ciudad de Chihuahua, mientras que el de Jesús Román había sido repatriado el jueves anterior a sus deudos, residentes en la capital chihuahuense.
El rastro de una desaparición que guió al abismo
La tragedia se remonta al 29 de octubre, cuando los tres duranguenses, junto con Jair N. G., de 40 años —cuyo cuerpo ya había sido identificado y entregado el martes pasado—, abandonaron sus rutinas cotidianas en busca de una oportunidad económica. Jesús Román salió de su hogar en la colonia Dale, un barrio obrero de Chihuahua donde residía desde meses atrás, sin dar mayores indicios de su destino. Por su parte, Juan y Ezequiel dejaron un hotel en la colonia Deportistas, en compañía de Jair, con quien planeaban instalar un negocio de máquinas tragamonedas en la región. Al día siguiente, el 30 de octubre, sus familias interpusieron denuncias por ausencia ante las autoridades, desencadenando una pesquisa que pronto se tornaría en pesadilla.
El avance clave llegó gracias a un rastreo telefónico de los dispositivos de los desaparecidos, que señaló la zona montañosa de Aquiles Serdán, un antiguo bastión minero al este de la capital. Una llamada anónima remató la pista: alertaba sobre posibles restos humanos arrojados en pozos abandonados de la mina San Antonio, conocida localmente como «Cueva del Diablo» o «Cueva del Murciélago», un socavón de 110 metros de hondura que ha sido señalado en el pasado como sitio de ejecuciones y despojos por parte de grupos criminales. La camioneta GMC Sierra en la que viajaban los cuatro hombres fue hallada calcinada en el kilómetro 208 de la carretera Chihuahua-Delicias, con placas que confirmaron su procedencia duranguense, sellando la conexión con el hallazgo en la mina.
Un pozo de muerte con historia de impunidad
La extracción de los diez cuerpos inició el 2 de noviembre, con cuatro restos iniciales recuperados mediante descensos verticales especializados, seguidos de dos más al día siguiente y cuatro adicionales el 3 de noviembre, en una labor coordinada por la Unidad de Personas Ausentes y/o Extraviadas de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, la Comisión Local de Búsqueda, la Coordinación Estatal de Protección Civil y elementos del Ejército Mexicano. Antropólogos forenses y peritos en descenso de altura intervinieron en el rescate, que culminó el jueves 6 con la detección de fragmentos óseos en los niveles inferiores, aunque sin más cadáveres íntegros por extraer.
Este no es el primer horror en la «Cueva del Diablo». Fuentes oficiales revelan que, solo en lo que va del año, se han exhumado cerca de veinte restos en la misma mina, elevando la cifra total a treinta en un sitio que operó como vertedero de víctimas de la violencia organizada durante años. La profundidad extrema —superior a los cien metros— complica las labores y evidencia una meticulosa crueldad en los métodos de ocultamiento. Entre los identificados previos figuran Said Mauricio D. M., de 37 años, desaparecido desde el 1 de septiembre, y Heriberto G. S., de la misma edad, ausente desde el 12 de agosto, cuyos cuerpos fueron entregados esta semana a sus familias.
Hacia la justicia en las sombras del desierto
La pesquisa avanza con el foco en posibles responsables. La Fiscalía investiga a un individuo apodado «El Topo», señalado por supuestas inhumaciones en el lugar, aunque los detalles permanecen bajo reserva para no entorpecer las diligencias. Cuatro de los cuerpos recuperados mantienen identificaciones preliminares positivas, a la espera de validación pericial, mientras que los restantes tres se analizan en cotejos con bases de datos nacionales. Edwin Iván Rodríguez Balderrama, titular de la unidad especializada, enfatizó que el trabajo interdisciplinario no cesará hasta esclarecer no solo estas muertes, sino el patrón de terror que ha convertido pozos mineros en fosas colectivas.
