Ciudad de Guatemala, Guatemala.– El presidente Bernardo Arévalo decretó el domingo un estado de sitio nacional por 30 días para enfrentar la escalada de violencia desatada por pandillas, principalmente Barrio 18, tras motines en cárceles y el asesinato de al menos ocho policías.
La medida, anunciada en cadena nacional y conferencia de prensa, faculta a la Policía Nacional Civil y al Ejército a emplear «toda la fuerza del Estado» contra las maras y el crimen organizado. Arévalo enfatizó que no altera la vida cotidiana de la mayoría de los guatemaltecos, aunque se suspendieron las clases el lunes como medida preventiva.
El detonante ocurrió el sábado, cuando reos de las prisiones Renovación I, Fraijanes II y el Preventivo de la zona 18 tomaron como rehenes a decenas de guardias penitenciarios (46 según reportes). Las autoridades atribuyeron los amotinamientos coordinados a la negativa del gobierno a restaurar privilegios ilegales a líderes pandilleros, como Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias «El Lobo», del Barrio 18.
El domingo, las fuerzas de seguridad recuperaron el control total de las tres cárceles y liberaron a los rehenes sin bajas reportadas entre los custodios. Sin embargo, en represalia, pandilleros atacaron a agentes policiales en varios puntos de la capital, dejando ocho muertos y varios heridos, según la Policía Nacional Civil.
Arévalo calificó los hechos como actos terroristas destinados a aterrorizar a la población y forzar al Estado a ceder. Recordó que su administración busca reformar el sistema penitenciario, donde las pandillas han ejercido control por años mediante corrupción y sobornos. El mandatario reiteró su intención de colaborar con el FBI y agencias estadounidenses para desmantelar las redes de narcotráfico que dirigen las prisiones.
El estado de sitio restringe temporalmente derechos como la libertad de movimiento, reunión y detenciones sin orden judicial, pero solo contra pandilleros y criminales, según el Decreto Gubernativo 1-2026. Requiere ratificación del Congreso, aunque ya está en vigor.
Esta crisis pone a prueba el compromiso anticorrupción de Arévalo, quien asumió en 2024 tras una victoria sorpresiva opacada por protestas y bloqueos de la élite conservadora
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