Ciudad Juárez, Chih.- Las medidas coercitivas y la revocación masiva de visados vinculadas al llamado turismo de maternidad son el resultado directo de acciones coordinadas desde el nivel más alto del poder ejecutivo y diplomático de Estados Unidos.
La directriz principal se originó a partir de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, la cual cataloga esta práctica como una explotación calculada de la política migratoria del país. Dicho decreto instruyó formalmente al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional para implementar un marco restrictivo y operativo destinado a sancionar a quienes ingresen con el propósito primario de dar a luz en territorio estadounidense.
Para ejecutar esta disposición, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció el establecimiento de un grupo de tarea especializado, denominado Grupo de Trabajo para la Prevención del Turismo de Nacimiento. Esta fuerza conjunta reúne información de inteligencia consular, registros de viajes y bases de datos del Departamento de Seguridad Nacional para identificar redes de intermediarios, revocar documentos y bloquear el ingreso de ciudadanos extranjeros.
En la región fronteriza entre Ciudad Juárez y El Paso, así como a lo largo de toda la línea divisoria con México, las agencias consulares y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza operan bajo estas directrices federales. Las autoridades consulares tienen la facultad de presumir que una solicitante embarazada busca la ciudadanía automática para su hijo, trasladando la carga de la prueba a la ciudadana extranjera para demostrar que su viaje responde a otros motivos legítimos, bajo la premisa de que el visado es una prerrogativa sujeta a la estricta discreción del Estado estadounidense.
