Ciudad de México.– La Fiscalía General de la República (FGR) formalizó este jueves la judicialización de la carpeta de investigación contra María Amparo Casar, presidenta de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), por su probable responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, tipificado en el artículo 217 fracción II del Código Penal Federal.
El caso gira en torno a la pensión vitalicia por 125 mil pesos mensuales que Casar recibió de Petróleos Mexicanos (Pemex) tras la muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla García, excoordinador ejecutivo del corporativo, quien falleció el 7 de octubre de 2004 al caer del piso 12 del edificio sede de la paraestatal. Aunque peritajes concluyeron que se trató de un suicidio, la familia presentó el deceso como accidente laboral, lo que permitió acceder a la prestación posmortem.
Márquez Padilla había ingresado a Pemex apenas el 1 de junio de 2004, durante el gobierno de Vicente Fox, por lo que laboró solo 129 días en el cargo directivo. Doce días después de su muerte, el 19 de octubre, se solicitó formalmente la pensión, que fue otorgada con efectos retroactivos al 8 de octubre de 2004.
En mayo de 2024, durante la conferencia matutina presidencial, el entonces director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, denunció que el supuesto fraude asciende a más de 31 millones de pesos acumulados en 20 años. Tras la revelación, la empresa suspendió el pago en febrero de 2025; sin embargo, Casar obtuvo un amparo del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo que ordenó reinstaurar la pensión.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción imputa a Casar y a otras dos personas haber solicitado y promovido indebidamente el otorgamiento de la prestación, conducta que el Código Penal castiga tanto a particulares como a servidores públicos. La pena prevista va de seis meses a 12 años de prisión y multa de 30 a 150 días.
La audiencia inicial está programada para el próximo 16 de diciembre ante un juez de control federal. Al no tratarse de delito grave, los imputados podrían llevar su proceso en libertad condicional en caso de ser vinculados.
Hasta el momento, ni María Amparo Casar ni MCCI han emitido posicionamiento público sobre la judicialización del caso. El proceso marca un nuevo capítulo en la larga controversia sobre la legitimidad de la pensión que, durante dos décadas, fue pagada sin cuestionamiento por la empresa productiva del Estado.
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