Chilpancingo, Guerrero.- Entre lágrimas y gritos de desesperación, familiares de personas desplazadas por la violencia en el municipio de Chilapa de Álvarez se manifestaron este lunes frente al Palacio de Gobierno para exigir la intervención inmediata de las autoridades estatales y federales. Los manifestantes denunciaron que sus seres queridos, refugiados en Alcozacán, sufrieron nuevos ataques armados y se vieron obligados a resguardarse en una iglesia local.
“Nos están matando y no nos podemos quejar porque somos indígenas”, exclamaron las mujeres, visiblemente angustiadas, mientras relataban las llamadas de auxilio recibidas durante la mañana. Una de ellas narró que su madre le llamó para despedirse, ante el temor inminente de perder la vida por los disparos que no cesaban en la zona.
Los hechos se enmarcan en una ola de violencia que ha afectado principalmente a las comunidades de Xicotlán, Tula y Acahuehuetlán, pertenecientes al Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ). Según denuncias de la organización, más de 800 familias —casi un millar según algunas versiones— han sido desplazadas forzosamente en los últimos días por ataques con armas de alto calibre y presuntamente drones con explosivos atribuidos a un grupo delictivo.
Los desplazados llegaron huyendo a Alcozacán, donde se encuentran resguardados en una iglesia. Sin embargo, los agresores habrían seguido hostigando la zona, lo que obligó a las familias a buscar protección adicional en el templo. Los manifestantes aseguraron que la indiferencia gubernamental se debe a su condición indígena.
“Nos están matando y no nos podemos quejar porque somos indígenas”, exclamaron las mujeres, visiblemente angustiadas, mientras relataban las llamadas de auxilio recibidas durante la mañana. Una de ellas narró que su madre le llamó para despedirse, ante el temor inminente de perder la vida por los disparos que no cesaban en la zona.
Los hechos se enmarcan en una ola de violencia que ha afectado principalmente a las comunidades de Xicotlán, Tula y Acahuehuetlán, pertenecientes al Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ). Según denuncias de la organización, más de 800 familias —casi un millar según algunas versiones— han sido desplazadas forzosamente en los últimos días por ataques con armas de alto calibre y presuntamente drones con explosivos atribuidos a un grupo delictivo.
Los desplazados llegaron huyendo a Alcozacán, donde se encuentran resguardados en una iglesia. Sin embargo, los agresores habrían seguido hostigando la zona, lo que obligó a las familias a buscar protección adicional en el templo. Los manifestantes aseguraron que la indiferencia gubernamental se debe a su condición indígena.
El gobierno estatal reconoció la existencia de alrededor de 90 personas desplazadas de Alcozacán y reportó la activación de un protocolo interinstitucional de atención, así como la instalación de Bases de Operaciones en comunidades cercanas. No obstante, los afectados consideran insuficiente la respuesta y demandan protección efectiva para regresar a sus hogares o ser reubicados de manera segura.
Esta situación se suma a episodios previos de violencia en la región, como el asesinato de cuatro integrantes del Cipog-EZ en abril pasado en Xicotlán, lo que ha exacerbado el conflicto y el desplazamiento forzado en la zona de la Montaña de Guerrero.
Esta situación se suma a episodios previos de violencia en la región, como el asesinato de cuatro integrantes del Cipog-EZ en abril pasado en Xicotlán, lo que ha exacerbado el conflicto y el desplazamiento forzado en la zona de la Montaña de Guerrero.
Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado un balance oficial actualizado de heridos o fallecidos en los recientes ataques, ni han confirmado la identidad del grupo armado responsable. Las familias indígenas exigen diálogo directo con el gobernador y el despliegue de fuerzas de seguridad que garanticen su integridad física.
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