Almoloya de Juárez, EdoMéx.– El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, fue vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero, tras ser acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de desviar más de 76 millones de pesos del erario público durante su administración (2010-2016). La jueza de distrito Jazmín Ambriz López, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Altiplano, dictó prisión preventiva justificada, por lo que Duarte permanecerá recluido en esta prisión de máxima seguridad mientras avanza el juicio.
En la audiencia inicial de la causa penal 142/2024, celebrada este martes, el Ministerio Público detalló un esquema de simulación de subsidios al sector ganadero. Según la FGR, Duarte canalizó fondos públicos a empresas donde era socio mayoritario o a través de su esposa, Bertha Olga Gómez Fong, y familiares. Los recursos, destinados supuestamente a compra de ganado y maquinaria, terminaban en cuentas personales tras transferencias bancarias. Entre las empresas involucradas destacan Unión Ganadera Regional División del Norte y Financiera División del Norte, presididas por Duarte, así como Pavimentos y Servicios El Parral e Hidroponía El Parral, representadas por su cónyuge.
La defensa solicitó cancelar la diligencia argumentando un amparo previo y la falta de autorización de Estados Unidos para nuevas causas, ya que Duarte fue extraditado en 2020 solo por peculado. Sin embargo, la jueza rechazó la petición, validando la aprobación de la Cancillería mexicana el 2 de diciembre para este cargo federal. Duarte, detenido el lunes en Chihuahua y equipado con brazalete electrónico por otro proceso estatal, contó con la colaboración de Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, exfuncionario de Hacienda estatal y tesorero de sus empresas.
La FGR presentó pruebas como dictámenes contables de la Auditoría Superior de Chihuahua, declaraciones patrimoniales, fiscales y transferencias bancarias que evidencian conflicto de intereses y desvíos. Se aportaron más de 100 elementos, incluyendo pagos a tarjetas de crédito familiares. La defensa pidió duplicar el plazo constitucional de 72 a 144 horas para resolver la situación jurídica, anticipando apelar la prisión preventiva al alegar bajo riesgo de fuga.
Este caso representa un nuevo golpe para Duarte, prófugo en EU hasta su extradición, y resalta la lucha contra la corrupción en gobiernos priistas. La FGR enfatizó que se presume inocente hasta sentencia firme.
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