Ciudad de México.- El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores incorporó en el último año a 102 ex altos mandos procedentes de Petróleos Mexicanos, en un movimiento liderado por su director general, Octavio Romero Oropeza. Estos nombramientos, que incluyen puestos clave con remuneraciones superiores a 180 mil pesos mensuales, han generado cuestionamientos sobre el uso de recursos generados por aportaciones de trabajadores y patrones.
Romero Oropeza, quien asumió la dirección del Infonavit en octubre pasado tras dejar la titularidad de Pemex, percibe un salario bruto de 185 mil 825 pesos al mes, apenas cinco mil pesos por debajo del sueldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, que asciende a 191 mil pesos. Este monto forma parte de un esquema de compensaciones que, en conjunto para los mandos de confianza, representa un gasto mensual aproximado de 60 millones de pesos, financiado por aportaciones patronales equivalentes al cinco por ciento del salario base de cotización, pagos de créditos hipotecarios y rendimientos de inversiones del instituto.
La integración de personal de Pemex se enmarca en una reestructuración interna que ha elevado a 389 el número de empleados con ingresos superiores a 100 mil pesos mensuales, dentro de un total de cuatro mil 945 plazas de confianza. Fuentes internas del Infonavit señalan que estos cambios buscan fortalecer la operación en áreas como crédito y finanzas, aunque críticos advierten sobre la falta de transparencia en la selección de perfiles y el contraste con la política de austeridad promovida por el gobierno federal.
Jorge Luis Basaldúa Ramos pasa de la transformación industrial de Pemex a subdirección de crédito
Uno de los nombramientos más destacados es el de Jorge Luis Basaldúa Ramos, quien transitó de la dirección general de Transformación Industrial en Pemex a subdirector general de Crédito en el Infonavit. En su rol anterior, Basaldúa Ramos supervisaba procesos de modernización y eficiencia operativa en la petrolera estatal, un cargo que le permitía influir en decisiones presupuestales multimillonarias.
En el nuevo puesto, su responsabilidad abarca la supervisión de programas de financiamiento habitacional para millones de derechohabientes, con un sueldo que, al igual que el de otros directivos recientes, supera los 180 mil pesos mensuales. Este traslado, ocurrido en los primeros meses de la administración de Romero Oropeza, forma parte de una red de más de cien traslados similares que han poblado la primera línea de mando del instituto con ex colaboradores de Pemex, muchos de ellos originarios de Tabasco, estado natal del director general.
Analistas del sector vivienda cuestionan si estos movimientos optimizan el servicio a los usuarios o priorizan lealtades personales, en un contexto donde el Infonavit administra recursos tripartitas recolectados del esfuerzo de la clase trabajadora mexicana.
Carlos Fernando Cortez González asume finanzas en medio de debate por el origen de los fondos
Otro caso emblemático es el de Carlos Fernando Cortez González, exdirector de Presupuesto y Contabilidad en Pemex Fertilizantes, ahora al frente de la dirección de Finanzas y Fiscalización del Infonavit. En Pemex, Cortez González manejaba el control de egresos en la subsidiaria dedicada a la producción de fertilizantes, un área sensible por sus contratos con proveedores externos y su impacto en la cadena agroalimentaria nacional.
Su sueldo en el instituto, alineado con el tope de 180 mil pesos mensuales para altos mandos, se suma al rango salarial y de privilegios que ha crecido bajo la actual dirección. El debate público se centra en el financiamiento de estos emolumentos: aunque no provienen directamente del erario federal, dependen de flujos generados por cotizaciones obligatorias de empleados y empresas, lo que ha llevado a demandas de mayor rendición de cuentas por parte de organizaciones civiles.
El Infonavit, como organismo público descentralizado, enfrenta presiones para justificar estos gastos en un entorno de recuperación económica postpandemia, donde los recursos deben destinarse prioritariamente a la colocación de créditos accesibles para la población. Hasta el momento, la dirección no ha emitido comentarios específicos sobre estos nombramientos, pero fuentes cercanas indican que se trata de un esfuerzo por alinear expertise técnico de Pemex con las metas de vivienda social del nuevo sexenio.
