CARACAS, Venezuela.- Hasta 6.76 millones de personas podrían resultar afectadas por los dos potentes sismos consecutivos que sacudieron el centro y occidente de Venezuela el pasado miércoles 24 de junio, según las proyecciones iniciales difundidas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de las Naciones Unidas.
De acuerdo con el informe del organismo internacional, el impacto humanitario potencial es masivo, estimando que tan solo en la ciudad de Caracas la cifra de personas damnificadas o vulnerables alcanza los 2 millones. Los movimientos telúricos, que ocurrieron poco después de las 18:00 hora local, provocaron el colapso inmediato de unas 250 edificaciones, daños severos en infraestructura crítica y la evacuación de emergencia de miles de ciudadanos.
El balance provisional de víctimas mortales se elevó a 1,430 fallecidos, mientras que los reportes médicos oficiales contabilizan más de 3,200 personas heridas. La primera de las sacudidas registró una magnitud de 7.2 con epicentro a 21 kilómetros de Montalbán, en el estado de Carabobo; minutos después, un segundo terremoto de magnitud 7.5 sacudió la región con epicentro a 23 kilómetros de Yumare, en el estado de Yaracuy.
Evaluaciones preliminares realizadas mediante imágenes satelitales, en una colaboración entre la OIM y Microsoft AI for Good Lab, revelaron que el 31.5% de las edificaciones en la ciudad costera de Catia La Mar, en el estado de La Guaira, presentan daños estructurales. Estos datos tecnológicos están permitiendo a las brigadas de auxilio priorizar las zonas de intervención más críticas mientras continúan los censos en el terreno.
Ante la magnitud de la tragedia, brigadas internacionales especializadas en tareas de búsqueda y rescate procedentes de México, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Francia y Catar arribaron al país para sumarse a los esfuerzos de remoción de escombros y localización de supervivientes atrapados, concentrando sus operaciones principalmente en Caracas y La Guaira.
La OIM hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para acelerar el envío de ayuda humanitaria y financiamiento de emergencia, advirtiendo que las secuelas del desastre requerirán una inversión sostenida a largo plazo para restablecer los servicios básicos y reconstruir las comunidades devastadas.
