Santa Marta, Colombia.- Un día de mediados de septiembre, Alejandro Carranza, un pescador colombiano curtido por años de recorridos en el Caribe persiguiendo marlines y atunes, marcó el número de su hija adolescente. «Me voy a pescar, vuelvo en unos días», le dijo con esa voz ronca que ella recordaba como un faro en las tormentas. Aquella promesa se evaporó en el humo de un misil. Nunca regresó.
Al día siguiente, el 15 de septiembre, su lancha fue blanco de un ataque militar estadounidense en aguas internacionales cercanas a Colombia, según relatan su familia, compañeros de faena y el propio presidente Gustavo Petro. La tragedia de Carranza, un hombre de 42 años conocido como «Coroncoro» por su afición a los peces pequeños y las partidas de billar regadas en cerveza, ha encendido una mecha diplomática. Lo que empezó como un operativo antidrogas se ha convertido en un torbellino de indignación, con 20 ataques similares desde septiembre que han segado al menos 80 vidas, la mayoría de presuntos civiles en embarcaciones humildes. Estos bombardeos, justificados por Washington como golpes contra «narcoterroristas», han paralizado comunidades pesqueras y tensado la histórica alianza entre Estados Unidos y Colombia, un lazo que Petro, el líder de izquierda, ya ponía a prueba con su agenda de «paz total».
En Santa Marta, la joya caribeña donde el sol besa playas de postal y el aroma a sal se mezcla con el de fritangas callejeras, el duelo por Carranza se entreteje con el miedo colectivo. «Nunca pensé que perdería a mi papá así», confiesa Cheila Carranza, de 14 años, con la voz quebrada mientras acaricia una foto en su teléfono, sentada en la penumbra de la casa de su abuela. Allí, en una habitación atestada compartida con su madre y dos hermanos, el eco de la ausencia resuena como olas contra rocas.
La escalada: De un misil a una crisis bilateral
Los ataques estadounidenses, desplegados en un operativo sin precedentes en el Caribe y el Pacífico latinoamericano, han cruzado líneas rojas. Petro, furioso, acusó directamente a Donald Trump de orquestar el asesinato de Carranza, un «crimen de Estado» que viola tratados internacionales. «Esos misiles que arrasaron Gaza ahora caen sobre el Caribe, matando a gente humilde», denunció el presidente colombiano en la III Cumbre Social de los Pueblos en Santa Marta, donde se reunió con la familia de la víctima. En respuesta, Trump, que asumió su segundo mandato con promesas de mano dura contra el narco, tildó a Petro de «líder de drogas ilegal» en Truth Social y ordenó sanciones contra él y su familia, además de recortes drásticos en la ayuda bilateral, que ronda los 500 millones de dólares anuales. Esta semana, Bogotá escaló la apuesta: suspendió el intercambio de inteligencia con Washington hasta que cesen los bombardeos, una medida que deja en jaque operaciones conjuntas contra carteles como el Clan del Golfo.
No es solo retórica. Expertos en derecho internacional, desde la ONU hasta think tanks en Washington, advierten que estos strikes, ejecutados con drones y aviones no tripulados, ignoran el principio de «amenaza inminente». «Si eran sospechosos de tráfico, debieron ser detenidos, no ejecutados sumariamente», argumenta Dan Kovalik, abogado estadounidense contratado por la familia Carranza, quien prepara una demanda por daños y perjuicios en tribunales federales de EE.UU. Petro ha ido más allá: exigió un proceso judicial contra Trump y sus funcionarios en la Corte Penal Internacional, alegando que los «jóvenes asesinados no eran del Tren de Aragua, sino pescadores pobres». Incluso aliados como el Reino Unido han frenado su cooperación, reteniendo inteligencia sobre rutas narco por temor a complicidad en violaciones.
El epicentro: un despliegue masivo justificado por la «guerra contra las drogas». Trump ha señalado a Nicolás Maduro como capo de un cártel venezolano, y en privado, fuentes de la Casa Blanca admiten que el objetivo velado es desestabilizar al régimen chavista. Sin embargo, la evidencia es escasa: solo descripciones vagas de inteligencia y clips desclasificados de videos muestran lanchas en llamas, sin pruebas concluyentes de cargamento ilícito. En el caso de Carranza, el gobierno colombiano confirma que pertenecía a una estirpe de pescadores, aunque Petro admitió en rueda de prensa que, como muchos en costas empobrecidas, podría haber piloteado ocasionalmente para «cualquiera que pague», empujado por la miseria.
Vidas en el limbo: El peso del duelo en Gaira
En Gaira, un barrio humilde de Santa Marta donde las chabolas se apiñan a un suspiro de las playas turísticas, Katerine Hernández, de 37 años y madre de tres hijos de Carranza, rebatió con vehemencia las etiquetas de «narcoterrorista venezolano» que Trump lanzó en un tuit viral. «Alejandro no tenía nada que ver con Venezuela; toda su vida fue aquí, en Colombia», dice Hernández, marcada por un tatuaje con su nombre en el tobillo, herido en un accidente de moto que la dejó postrada. Se conocieron cuando ella tenía 13, en esta misma ciudad de brisas eternas y desigualdades crudas.
Separados hace años, mantenían un lazo de apoyo mutuo. Él, con un salario mínimo de unos 382 dólares al mes, ponía el pan en la mesa; ahora, la familia subsiste de limosnas de parientes igual de precarios. «Si era un narco, ¿por qué vivíamos en la miseria y no en un caserón?», pregunta retóricamente, mientras Zaira, su hija de 17, acumula deudas en la escuela, y Libiston, de 11, tiembla al recordar un video compartido por Trump: la lancha de su padre estallando en pedazos. El cuerpo de Carranza nunca apareció; flotan rumores de su implicación en un viejo caso de 2012 por intento de robo de armas judiciales, pero ni siquiera fue arrestado, según parientes y autoridades.
Los otros dos hombres a bordo permanecen en el anonimato, pero el impacto trasciende: cadáveres mutilados han lavado en playas de Trinidad y Tobago, y los dos sobrevivientes conocidos son colombianos y ecuatorianos, no venezolanos. «Este caso importa por dos razones: la familia merece resarcimiento, y debe frenar estos asesinatos que erosionan el Estado de derecho», insiste Kovalik, evocando un precedente que podría abrir grietas en la doctrina de strikes letales de EE.UU.
El mar en pausa: Pescadores atrapados entre el hambre y el terror
Más allá del dolor personal, los ataques han inyectado pánico en las venas del Caribe colombiano. Leonardo Vega, de 40 años, líder de la asociación de pescadores de Santa Marta y amigo de Carranza desde la juventud, vio el video del ataque en redes y lo reconoció al instante: «De una supe que era uno de nosotros». La lancha tenía dos motores, no los tres o cuatro de las narcoembarcaciones venezolanas, y el timing coincidía con la salida de su compañero. «Pescadores nos vamos una semana, dormimos en hamacas en playas vacías. ¡Pero dos meses? Imposible», concluye Vega, con la certeza de un hombre que ha navegado tormentas peores.
Es temporada de atún, la más rentable, con capturas que pueden triplicar ingresos. Pero el temor ha anclado las flotas: «No salimos por miedo a que nos confundan con narcos», confiesa Vega, mientras redes sociales bullen con testimonios similares. En Santa Marta, puerto clave para exportaciones de banano pero también ruta de cocaína hacia Europa, el narco ha cooptado a pescadores por necesidad: la pobreza deja pocas salidas, y un viaje ilícito paga lo que un mes de faena honesta no alcanza. Rusia ya condenó los strikes como «agresión», y la ONU urge investigaciones independientes.
Mientras el despliegue de EE.UU. —el mayor en décadas— se expande, el caso de Carranza ofrece un atisbo crudo de sus costos humanos. En Gaira, Hernández mira el horizonte desde su puerta, preguntándose si el mar, ese viejo compañero de su vida con Alejandro, algún día perdonará. Petro, en su advertencia a Trump y al senador Marco Rubio —»No despierten al jaguar»—, evoca un continente que no tolerará más balas en sus aguas. La familia, con su abogado, espera justicia; los pescadores, un respiro. Pero en el Caribe, las olas siguen rompiendo, indiferentes a las fronteras que los hombres trazan con misiles.
