El próximo 3 de diciembre, se creará una comisión especial para investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre de 2014, según lo anunció el futuro subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.
Encinas aseguró que se van a atender todas las recomendaciones que se han hecho en el caso, tanto de la Comisión de Derechos Humanos, del Alto Comisionado para Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y que no se harán excepciones a la hora de investigar. “Sea presidente municipal, sea una autoridad federal, sea un elemento de las Fuerzas Armadas, porque no va a haber aquí solapamiento de ninguna autoridad en los actos ilícitos en los que se haya incurrido, en Ayotzinapa y en cualquier otro”, afirmó Encinas.
El anunció el mismo día que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentara su informe del caso, la cual desacredita la investigación del gobierno federal, la cual es conocida como la “verdad histórica”, en la que se afirma que los estudiantes fueron detenidos por agentes de la policía de Iguala y entregados al crimen organizado, quienes los quemaron en un basurero Cocula.
El informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, analiza las principales anomalías, deficiencias y omisiones detectadas en la investigación realizada por el gobierno mexicano y apunta a la necesidad de investigar al Ejército: “A pesar de todas las diligencias contenidas en un expediente de más de 618 tomos, las investigaciones continúan fragmentadas, y requieren de un análisis integral (…) muchas de las diligencias parecen quedar incompletas, son descartadas o dejan de ser impulsadas procesalmente”, sobre todo, cuando se trata de indagatorias relacionadas con la participación de agentes del Estado en el ataque a los normalistas.
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