Ciudad Juárez, Chihuahua.- El juez Séptimo de Distrito, Luis Eduardo Rivas Martínez, otorgó un amparo a José Luis Arellano Cuarón (José Luis A.C.), propietario del Crematorio Plenitud, y ordenó su liberación inmediata, prevista para la noche del viernes 13 de febrero de 2026.
El juzgador determinó que los hechos imputados no constituyen delito penal, sino irregularidades administrativas. Argumentó que no se acreditaron los elementos de los tipos penales, como “ocultar” o “conservar” indebidamente los cadáveres, ni existió intención de manipular o comercializar los restos. Por ello, revocó la vinculación a proceso y la prisión preventiva que pesaba sobre el acusado desde el 30 de junio de 2025.
El caso se remonta a julio de 2025, cuando autoridades descubrieron 386 cuerpos en avanzado estado de descomposición, apilados en una bodega del crematorio en condiciones precarias, algunos desde 2020 durante la pandemia. El establecimiento operaba ilegalmente, sin electricidad ni equipo funcional, y prestaba servicios a al menos cinco funerarias locales: Luz Divina, Protecto-Deco, Del Carmen, Latinoamericana y Amor Eterno.
José Luis A.C. fue detenido junto con un empleado, Facundo Trinidad Martínez Robledo, quien falleció en prisión. La Fiscalía General del Estado anunció que impugnará la resolución judicial.
El colectivo Memoria, Dignidad y Justicia, que agrupa a familiares de las víctimas, expresó indignación en una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum. Calificaron la decisión como “una burla” y señalaron que el hallazgo de 386 cadáveres abandonados en condiciones inhumanas, junto con la entrega de cenizas falsas (escombros y basura), no puede reducirse a meras irregularidades administrativas. Exigieron intervención federal para revisar la actuación del juez y garantizar justicia.
El magistrado Rivas Martínez ha sido ligado públicamente a Movimiento Ciudadano, partido del que fue representante ante instancias electorales y en campañas, incluido el diputado Francisco Adrián Sánchez, cuyo entorno ha enfrentado señalamientos previos por presunto tráfico de influencias en otros casos.
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