Benito Juárez, Chihuahua.- El ejido Benito Juárez, en el municipio de Buenaventura, norte de Chihuahua, enfrenta un nuevo intento de explotación minera en sus tierras. Tras una larga historia de resistencia, la comunidad rechaza nuevamente los proyectos extractivistas que amenazan su agua, su tejido social y su autonomía.
Este ejido, dotado de 12 mil hectáreas de riego y 42 mil de pastizal gracias a las luchas agrarias de generaciones pasadas, es uno de los más combativos del norte de México. Sus integrantes fundaron y forman parte de El Barzón, y han protagonizado movilizaciones contra la usura bancaria, las tarifas eléctricas excesivas, el TLCAN, el saqueo de cuencas y acuíferos. Han realizado cabalgatas, tractoradas, caravanas, tomas de puentes internacionales, carreteras y edificios públicos, mientras mantienen una producción agrícola y ganadera resiliente en el desierto: chile, alfalfa, algodón, nuez y ganado vacuno.
En 2008, la minera El Cascabel, filial de la canadiense Mag Silver, inició exploraciones sin autorización ejidal ni permisos de Semarnat, incluyendo perforaciones prohibidas bajo el manto freático. Se coludió con funcionarios de la Procuraduría Agraria para intentar comprar derechos de uso común y regularizar ventas ilegales. La presencia minera trajo cantinas, prostíbulos y mayor actividad del crimen organizado.
La oposición creció. En 2012, tras solicitar información, la empresa intensificó la cooptación y el amedrentamiento. El 22 de octubre de ese año, asesinaron al dirigente Ismael Solorio Urrutia y a su esposa Manuelita Solís. El crimen galvanizó a la comunidad: el 17 de noviembre de 2012, una asamblea histórica expulsó a la minera por 100 años.
En 2013, los ejidatarios negociaron la salida de muestras extraídas, pero ante el incumplimiento, organizaron una faena para retirar 2 mil toneladas. La empresa demandó a 10 personas por 143 millones de dólares, involucrando incluso a la embajada canadiense. La CIDH otorgó medidas cautelares hasta recientemente.
Hoy, con Mag Silver adquirida por Pan American Silver y el proyecto Cinco de Mayo (29 concesiones sobre Pozo Seco) a cargo de Apollo Silver —todas canadienses—, regresan las mismas tácticas: ofertas de 80 mil pesos por ejidatario para revertir la decisión, presión de grupos criminales, pagos a medios y columnistas para promover la “riqueza en plata, oro, zinc y molibdeno”, y linchamiento mediático contra opositores y defensores de derechos humanos.
La mayoría ejidal se mantiene firme: defienden el agua, el territorio y exigen justicia por los asesinatos de Ismael y Manuelita, protección a activistas y cese de agresiones. No aceptan ser parte del menú extractivo; exigen ser parte de las decisiones.
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