El caso Chihuahua desnuda los dobles raseros de Sheinbaum
La renuncia irrevocable de César Jáuregui Moreno como fiscal general de Chihuahua, presentada el 27 de abril de 2026, no fue un acto voluntario ni una decisión aislada de la administración panista de Maru Campos. Surgió de la presión implacable ejercida desde las mañaneras presidenciales, donde Claudia Sheinbaum convirtió un accidente mortal en arma política contra la oposición. Dos agentes estadounidenses —instructores de la Embajada— y dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación murieron en un percance durante el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara. Jáuregui primero aseguró que los extranjeros no participaron en el operativo; horas después, ante el escrutinio federal, la versión cambió. Sheinbaum lo acusó de contradecirse y denunció una “falta grave” del gobierno estatal: colaboración con Estados Unidos sin informar a las autoridades federales, violando la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
El tono de las conferencias matutinas fue directo y repetitivo: soberanía vulnerada, necesidad de comparecencias en el Senado, exigencia de explicaciones veraces. La gobernadora Campos fue señalada sin miramientos. La presión surtió efecto. Jáuregui dimitió en medio de un debate que Morena y aliados convirtieron en juicio sumarísimo contra la oposición.
Sin embargo, esta indignación selectiva revela una hipocresía suprema. El episodio de Chihuahua guarda inquietantes similitudes con otros casos de alto perfil que involucraron a figuras del crimen organizado como Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, y el canadiense Ryan Wedding, presunto operador de redes de narcotráfico vinculadas al Cártel de Sinaloa y, en ocasiones, al CJNG. En ambos, la intervención estadounidense —ya sea inteligencia, logística o acción directa— ha sido un factor recurrente. El caso de Wedding resulta paradigmático: el director del FBI, Kash Patel, lo describió como una “operación de alto riesgo” ejecutada por equipos estadounidenses en territorio mexicano. Sheinbaum, en sus mañaneras de enero de 2026, lo redujo a una “entrega voluntaria” en la Embajada de Estados Unidos y negó cualquier operación unilateral. Apechugó la versión conveniente, priorizó la narrativa de coordinación bilateral y evitó confrontar abiertamente a Washington. No hubo llamados a comparecencias, ni exigencias de sanciones, ni amenazas de dimisiones. La soberanía, tan invocada en Chihuahua, se volvió flexible cuando el episodio afectaba a redes criminales de escala nacional.
Peor aún, Sheinbaum mantiene intacto al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el caso más paradigmático de muchos otros. Acusado directamente por “El Mayo” Zambada de vínculos con el Cártel de Sinaloa, Rocha Moya ha recibido respaldo explícito del gobierno federal. Ni una mañanera lo ha cuestionado con la misma vehemencia. No hay investigación federal agresiva, ni presión pública, ni exigencia de renuncia. El contraste es brutal: mientras un fiscal de oposición cae por un operativo que terminó en tragedia accidental, un gobernador morenista señalado por un capo permanece intocable.
Esta estrategia no es casual. Las mañaneras se usan como tribunal selectivo. Se exalta la soberanía cuando el costo político recae en la oposición y se silencia cuando toca a aliados o cuando Washington actúa por su cuenta. El episodio de Chihuahua no es un asunto de seguridad nacional; es la demostración de cómo el gobierno federal instrumentaliza la lucha contra el crimen para fines partidistas. La renuncia de Jáuregui cierra un capítulo, pero deja al descubierto la doble vara: rigurosa con los adversarios, complaciente con los propios. En un país donde el crimen organizado no distingue colores, esta hipocresía sí lo hace. Y eso, más que cualquier accidente, erosiona la credibilidad de quien promete gobernar para todos.
“Solo dos culpables”… y el Ejército, ¿qué?
En su conferencia matutina del lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum descalificó con sorna la Unidad Especializada de Investigación anunciada por la gobernadora Maru Campos para esclarecer el operativo fallido en la sierra de Chihuahua donde murieron dos agentes de la CIA y dos funcionarios estatales. “Realmente no se requeriría tantas unidades de investigación… o fue la Fiscalía o fue la Secretaria de Seguridad, no hay de otra”, sentenció la mandataria. Con esa frase redujo el Caso CIA a un simple dilema binario: o el fiscal César Jáuregui o el secretario de Seguridad estatal cargan con la responsabilidad de haber permitido la presencia de agentes estadounidenses sin avisar al gobierno federal.
Sin embargo, la tesis presidencial omite de manera deliberada o conveniente, una tercera posibilidad de gran factibilidad y aún mayor gravedad: la participación del Ejército Mexicano. Porque en el desmantelamiento del narcolaboratorio de metanfetaminas y fentanilo en la Sierra Tarahumara, entre el 17 y el 19 de abril en el municipio de Morelos, no solo actuaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones. Participaron alrededor de 40 soldados que, según fuentes militares consultadas, garantizaron la “seguridad periférica” del operativo. Uno de cada dos hombres en el terreno era militar. El convoy donde ocurrió el accidente mortal regresaba precisamente de ese sitio.
Nadie en Palacio Nacional ha exigido explicaciones al general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa. Ni una pregunta, ni una comparecencia, ni siquiera un deslinde formal. Mientras Sheinbaum presiona a Maru Campos y señala con el dedo a la Fiscalía o a la Secretaría de Seguridad de Chihuahua, el Ejército —que sí estuvo presente— parece intocable. La omisión resulta aún más llamativa cuando el propio fiscal Jáuregui ha reconocido la colaboración militar en la inteligencia y el aseguramiento del laboratorio clandestino.
El contraste es incómodo. La misma presidenta que considera “innecesaria” una comisión estatal de investigación por un hecho que violó la Ley de Seguridad Nacional y la soberanía mexicana, impulsó hace meses una Comisión Presidencial para la Reforma Electoral encabezada por Pablo Gómez. Esa instancia, que devoró millones de pesos en foros, encuestas y consultorías, terminó en un rotundo fracaso: la iniciativa se hundió en el Congreso sin lograr el consenso mínimo. Un ejercicio político costoso, estéril y, para muchos, más deleznable que la respuesta institucional de un gobierno estatal ante la muerte de agentes extranjeros en su territorio.
Sheinbaum insiste en que “diálogo y comunicación son siempre necesarios”. Pero su discurso de ayer en la mañanera deja claro que, para el gobierno federal, solo hay dos posibles culpables… siempre y cuando no lleven uniforme verde olivo. Mientras tanto, el fentanilo sigue fluyendo desde laboratorios de la sierra y las preguntas incómodas sobre el papel real del Ejército en este operativo siguen sin respuesta.
La Adelita con letras de oro junto a Juárez y Villa
En un acto que revela más sensiblería folclórica que rigor histórico, el Congreso de Chihuahua aprobó inscribir con letras doradas el nombre de Adela Velarde Pérez, conocida popularmente como “La Adelita”, en el Muro de los Héroes del salón de sesiones, colocándolo al lado de figuras colosales como Benito Juárez y Francisco “Pancho” Villa. Esta decisión constituye un despropósito mayúsculo y una muestra palmaria de ignorancia histórica por parte de los legisladores, quienes equiparan a una adolescente de apenas trece o quince años -que según la tradición abandonó su hogar en Ciudad Juárez hacia 1913 ó 1915 para servir como enfermera voluntaria en la Cruz Blanca Constitucionalista o villista según aversión que se prefiera— con el Benemérito de las Américas, artífice de la República liberal, las Leyes de Reforma y la restauración de la República, y con el Centauro del Norte, organizador de la División del Norte, vencedor en batallas decisivas como la toma de Torreón, Ciudad Juárez y Zacatecas, y protagonista central de la fase armada contra Victoriano Huerta.
Adela Velarde Pérez atendió heridos con valentía humanitaria en condiciones extremas del frente norte según latradición, un esfuerzo que merece reconocimiento en su justa medida como parte del sacrificio colectivo de miles de soldaderas y enfermeras anónimas. Sin embargo, su historia se nutre de una espesa mezcla de elementos legendarios y románticos que la convierten más en símbolo popular que en heroína de carne y hueso comparable a los titanes del panteón nacional. El famoso corrido que supuestamente inspiró surgió a finales de 1913 entre las tropas del general Domingo Arrieta en Sinaloa, donde ya circulaba como pieza de dominio público: una melodía popular adaptada por la banda militar, cantada por soldados mucho antes de que la joven juarense —aún sin la fama posterior— pisara los campamentos villistas de manera destacada. La romántica anécdota del sargento Antonio del Río Armenta muriendo en sus brazos mientras le dictaba los versos es, según historiadores serios, una construcción posterior que embellece la realidad colectiva. El corrido era anónimo o colectivo en sus orígenes, con posibles contribuciones de otros autores, y representaba el espíritu de todas las adelitas: mujeres que cocinaban, cargaban municiones, atendían heridos y a veces combatían, no solo a una figura individual.
Colocar su nombre en oro junto a Juárez y Villa no honra verdaderamente a las mujeres de la Revolución Mexicana; al contrario, trivializa el sacrificio de quienes forjaron la patria con ideas transformadoras y batallas reales, mientras reduce el Muro de los Héroes a un altar de mitos sentimentales y romanticismo revolucionario. En una época donde la memoria histórica exige precisión, rigor documental y equilibrio entre lo simbólico y lo factual, este gesto legislativo no eleva la figura de Adela Velarde Pérez: simplemente empequeñece a los verdaderos gigantes de nuestra historia y confunde el folclor con la grandeza histórica.
