El costoso periplo a Madrid
Los viajes de los regidores de Ciudad Juárez han sido un foco de controversia, con el caso más notorio siendo el periplo de 15 ediles a Madrid, España, en julio de 2024, que devoró 1.2 millones de pesos del erario público en un seminario sobre urbanismo. Este desplazamiento, ejecutado apenas semanas antes del cierre de la administración de Cruz Pérez Cuéllar, no solo cuestiona el timing oportunista, sino la opacidad en su aprobación durante sesiones cerradas del cabildo, sin un informe previo que justificara los beneficios para una ciudad asediada por inseguridad y rezago infraestructural. Con un costo promedio de 80 mil pesos por regidor —incluyendo vuelos, hospedaje y viáticos—, esta erogación representa un lujo desconectado de las prioridades locales, equivaliendo al salario anual de varios trabajadores informales en la frontera, y evidenciando un patrón de priorización elitista sobre necesidades colectivas.
Secreto y falta de transparencia
La planificación del viaje a España se llevó a cabo en secreto, revelándose solo el 12 de julio de 2024, días antes de la partida del 20 al 29 de julio, lo que impidió cualquier escrutinio público oportuno. Los 15 participantes, provenientes de diversas fracciones políticas como PAN, Morena, PRI y Movimiento Ciudadano —incluyendo figuras como Ana Carmen Estrada García y Héctor Hugo Avitia Arellanes—, utilizaron fondos destinados a capacitación (partidas ACF00-020000-57711 y 57712), pero sin detallar previamente cómo se traducirían las lecciones en políticas juarenses. Esta discreción no solo violó principios de rendición de cuentas, sino que alimentó sospechas de que el seminario —impartido por la Escuela de Investigaciones Jurídicas de Madrid— sirvió más como pretexto para un turismo pagado por el contribuyente, con visitas improvisadas a sitios como el Barrio Chino que diluyeron el enfoque académico.
El fuego cruzado de Morena y la oposición
La bancada de Morena en el Congreso, tildó el viaje de «faraónico» y un «desplante elitista», exigiendo informes detallados ante la ausencia de resultados tangibles en medio de una precariedad económica que afecta a miles de juarenses. Legisladores locales como Cuauhtémoc Estrada denunciaron el gasto como innecesario, proponiendo alternativas virtuales o locales que hubieran evitado el derroche, especialmente cuando solo seis de los regidores repetirían en el periodo 2024-2027. Esta crítica no es aislada: resalta una desconexión crónica entre el cabildo y la ciudadanía, donde el 99% de los habitantes no reconoce ni nombra a sus regidores, según informes de 2025, exacerbando la desconfianza en instituciones que parecen más inclinadas a jet-set que a gobernanza efectiva.
Llegaron con Ideas y sin proyectos
A pesar de los cuatro días dedicados al seminario sobre derecho, movilidad y sustentabilidad, el viaje no generó proyectos concretos para Juárez, limitándose a «ideas recogidas» que se diluyen en informes anuales obligatorios sin seguimiento verificable. Críticos argumentan que, en una ciudad con déficits en transporte público y urbanismo —donde colonias periféricas carecen de transporte desde 2022—, este periplo simboliza ineficacia: los regidores regresaron sin un plan de acción, dejando un legado de 1.2 millones evaporados en vuelos y hoteles, mientras problemas como la violencia y el desempleo persisten. Esta vacuidad cuestiona la utilidad de tales capacitaciones, financiadas con recursos que podrían haber impulsado becas locales o mejoras en el transporte universitario, como se discute en comisiones de 2025.
El viaje a Cancún nuevo despilfarro
En un giro que revive las críticas pasadas, el cabildo de Ciudad Juárez anunció en octubre de 2025 un viaje para 15 regidores a Cancún, Quintana Roo, enmarcado como «capacitación en turismo y desarrollo económico» durante el Cancún Travel Mart, con un presupuesto estimado en 900 mil pesos para vuelos, hospedaje y viáticos. Esta salida, programada para finales de octubre, genera alarma por su similitud con el periplo español: se aprobó en sesión rápida sin debate público detallado, ignorando alternativas virtuales en un momento donde el municipio enfrenta déficits en infraestructura turística local y un desempleo juvenil del 12%. Bajo la administración actual, con regidores como María Dolores Adame Alvarado al frente, este anuncio sugiere que las lecciones de opacidad no se han aprendido, priorizando playas caribeñas sobre soluciones fronterizas, y arriesgando otro escándalo que erosione aún más la fe ciudadana en un cabildo desconectado de sus votantes.
Un Reglamento que se volvió norma
El «Reglamentillo» de emergencia sanitaria, publicado en septiembre de 2021, fue concebido como una medida temporal para mitigar los riesgos del COVID-19 en la 65 Legislatura. Sin embargo, su persistencia durante más de cuatro años revela una complacencia institucional que prioriza la comodidad de los legisladores sobre la responsabilidad pública. Esta decisión de extender la presencia virtual no solo diluyó la deliberación democrática, sino que fomentó un ausentismo rampante, ejemplificado en casos como el de Cuauhtémoc Blanco, quien acumuló ausencias que rayan en la negligencia. La Junta de Coordinación Política ahora corrige un error propio, pero ¿es esto un verdadero compromiso o solo una reacción tardía a la presión mediática?
El fin de la era virtual
La resolución de sesiones presenciales para esta semana, anunciada por Kenia López Rabadán, marca el fin de un esquema que, bajo el pretexto de la salud, se convirtió en excusa para la ineficiencia. Obligar a los diputados a «venir a trabajar de manera presencial» suena como un mandato obvio, pero llega después de años en que las segundas sesiones semanales se reducían a ecos digitales. Esta medida, que podría extenderse al periodo entero, cuestiona la seriedad de una Cámara que permitió que el reglamento de contingencia se convirtiera en norma. Si el debate debe ser «respetuoso y presente», ¿por qué no se impulsó antes, en lugar de esperar escándalos de ausentismo que erosionan la confianza ciudadana?
El caso Blanco y la impunidad
Cuauhtémoc Blanco Bravo emerge como el epítome de los vicios legislativos que esta decisión busca erradicar. Su historial de ausencias en comisiones y plenos no es un incidente aislado, sino el reflejo de una cultura donde el cargo se percibe como sinecura más que como deber. Morena, su partido, ha sido cómplice al no sancionar tales conductas, y ahora, con Gabriela Jiménez Godoy comunicando la obligatoriedad presencial a su bancada, se evidencia una fractura interna. Criticar el ausentismo selectivamente ignora el problema sistémico: un Congreso donde la presencia física se negocia como privilegio, no como obligación constitucional.
Agenda legislativa bajo la lupa
La programación de esta semana —discusión de la ley de delitos ambientales el martes y la ley contra la extorsión el miércoles— adquiere un matiz irónico al celebrarse en formato presencial. Estas temáticas, cruciales para el medio ambiente y la seguridad pública, merecen un escrutinio exhaustivo que el formato virtual diluía en tecnicismos remotos. Sin embargo, la Junta de Coordinación Política, al posponer y priorizar, demuestra que incluso en presencia, la agenda se moldea a conveniencias partidistas. ¿Lograrán los diputados un debate sustantivo, o la presencialidad solo servirá de foto para aplacar críticas, sin alterar el statu quo de leyes que avanzan a paso de tortuga?
Una reforma estructural, no cosas puntuales
Esta vuelta a lo presencial es un paso, pero insuficiente sin una reforma al reglamento que elimine ambigüedades y establezca sanciones reales por ausentismo. La Cámara de Diputados, como corazón del poder legislativo, no puede seguir operando bajo decretos de emergencia que se eternizan. La ciudadanía, harta de promesas vacías, exige no solo cuerpos presentes, sino mentes comprometidas. Si esta semana marca un giro, que sea el inicio de una toma de responsabilidad genuina; de lo contrario, será otro capítulo en la crónica de un Congreso desconectado, donde las sesiones presenciales coexisten con la ausencia moral.
Discurso prioritario vs. realidad letal
El Secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, proclama que reducir los accidentes viales es una «prioridad absoluta» para el Gobierno Municipal de Ciudad Juárez, enfatizando la inversión en campañas de prevención para fomentar la conciencia ciudadana. Sin embargo, esta retórica choca frontalmente con las cifras alarmantes de 2025: hasta septiembre, se registraron 4,556 accidentes viales, de los cuales 1,652 causaron lesiones, superando las del mismo período en 2024. A pesar de las exhortaciones a respetar límites de velocidad y evitar el alcohol al volante, octubre ha sido marcado por un año «crítico» debido al exceso de velocidad, con 12 muertes por atropellos solo en lo que va del año. Esta contradicción revela un gobierno que prioriza el discurso moralizante sobre medidas estructurales, dejando a los juarenses expuestos a un caos vial que no disminuye, sino que se agrava.
Esfuerzos Vacíos sin Enfoque
Ortiz Orpinel subraya que las campañas son «una de las mejores formas» de crear responsabilidad colectiva, involucrando a «todas y todos» en el respeto a la ley de tránsito. No obstante, mientras el funcionario se presenta como usuario de motocicletas que «sabe de lo que implica» y urge el uso de cascos, las estadísticas exponen la ineficacia de estas iniciativas: en lo que va de 2025, siete muertes por accidentes de motos y más de mil heridos en siniestros similares, sin evidencia de una «mejor cultura vial» tangible. Organizaciones civiles han condenado repetidamente la falta de acciones contundentes, exigiendo un Consejo de Movilidad que el ayuntamiento ignora, optando por exhortos verbales en lugar de ecumplimiento real o infraestructura segura. La brecha entre palabras y hechos convierte estas campañas en un paliativo superficial, que distrae de la responsabilidad gubernamental en un contexto donde los accidentes aumentan un 200% en incidentes con ciclistas.
Autoridad sin ejemplo colectivo
Al admitir su uso de motocicletas, el secretario busca empatía al exhortar a «ponernos las pilas» y seguir la ley para evitar convertirse en «un arma potencial». Sin embargo, esta personalización del discurso oculta la negligencia institucional: pese a las promesas de participación en una cultura vial mejorada, Juárez acumula más de 3,000 accidentes en los primeros siete meses de 2025, con julio como el pico de percances, sin campañas que aborden el caos urbano subyacente como el tráfico foráneo o la falta de señalización. Críticas de expertos apuntan a hábitos peligrosos y errores frecuentes que persisten porque el gobierno municipal se limita a conferencias de prensa, ignorando demandas por políticas integrales que reduzcan los 20 choques diarios. En última instancia, el acto de gobierno —o su ausencia— desmiente el llamado a la responsabilidad compartida, perpetuando un ciclo donde las vidas de los ciudadanos siguen siendo rehenes de un discurso hueco.
