Ciudad de México.- El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), junto con organizaciones de la sociedad civil, llamó a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, a solicitar licencia temporal en su cargo mientras se desarrolla la investigación federal contra su expareja, Carlos Torres Torres, por presuntos vínculos con el crimen organizado.
En un comunicado fechado el 22 de enero de 2026, los firmantes argumentaron que esta medida es prudente para salvaguardar la integridad pública, la gobernabilidad y la confianza en las instituciones, especialmente en una entidad fronteriza como Baja California, donde cualquier señalamiento que ponga en duda el Estado de derecho demanda respuestas institucionales contundentes.
“De manera respetuosa, hacemos un llamado a la gobernadora del estado de Baja California para que solicite licencia y se separe temporalmente del cargo mientras la investigación se esclarece y se determina lo conducente por las autoridades competentes”, indica el documento.
La presidenta del SNA, Vania Pérez Morales, aclaró que la solicitud no implica una condena ni afirmación de responsabilidad penal contra la mandataria, sino una precaución para priorizar el interés público sobre cualquier consideración personal. “Es una medida prudente para proteger el interés público”, enfatizó.
El exhorto surge tras la confirmación pública de la propia gobernadora, el 21 de enero, de que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Carlos Torres. Según reportes de N+ y otras fuentes, Torres habría recibido pagos mensuales de 150 mil dólares de Pedro Ariel Mendívil García, exsecretario de Seguridad de Mexicali, para facilitar operaciones de la facción “Los Rusos” en la región. Además, su excuñado, Luis Alfonso Torres, aparece como presunto líder de una red que lavaba dinero y financiaba campañas políticas mediante empresas fachada.
Los señalamientos contra Torres datan de años atrás: en 2025, el semanario Zeta reveló detalles de indagatorias por lavado de dinero, evasión fiscal, huachicol, corrupción y delincuencia organizada, tanto en México como en Estados Unidos, donde se le revocó la visa junto con la gobernadora.
A Marina del Pilar le restan casi dos años de mandato, hasta junio de 2027, cuando se elegirá a su sucesor. El llamado generó controversia, ya que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California rechazó el exhorto, argumentando que excede las atribuciones legales del SNA y que los dichos de Pérez Morales fueron a título personal.
Este caso pone en el foco la necesidad de mecanismos institucionales sólidos ante señalamientos que involucran a figuras cercanas al poder en zonas de alta incidencia delictiva.
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