El cabildo subordinado
La estructura de poder en el Ayuntamiento de Ciudad Juárez ha consolidado un modelo donde la rentabilidad financiera de los regidores parece ser el precio de su disciplina política. Con percepciones mensuales que superan los 168 mil pesos, los integrantes del cuerpo colegiado se ubican en una élite burocrática cuya remuneración resulta ofensiva frente a las carencias de infraestructura y servicios de la urbe. Estos altos salarios, lejos de garantizar una fiscalización técnica y rigurosa, han funcionado como un mecanismo de pacificación interna que anula el contrapeso que constitucionalmente deberían ejercer frente a la figura del alcalde Cruz Pérez Cuéllar.
El análisis de la dinámica en las sesiones de cabildo revela una sumisión sistemática. La aprobación de presupuestos, contratos de servicios públicos y asignaciones directas transcurre con una celeridad que delata la ausencia de un debate real. Los regidores, incluyendo a gran parte de la oposición, han transitado de ser representantes ciudadanos a convertirse en validadores de las decisiones tomadas en el despacho principal de la presidencia. Esta entrega de la autonomía municipal no es gratuita; se sostiene en una estructura de privilegios donde el cuestionamiento al Ejecutivo local representa un riesgo para la estabilidad de sus propias prebendas económicas y políticas.
Esta relación de subordinación erosiona la calidad democrática de Juárez. Al convertir el cargo de regidor en una posición de confort financiero y obediencia partidista, se fractura el sistema de rendición de cuentas. Mientras los indicadores de seguridad y bacheo se mantienen en niveles críticos, el cabildo opera como una caja de resonancia de los intereses del alcalde, priorizando la defensa de la administración por encima de la vigilancia del gasto público. El resultado es un gobierno municipal con un Ejecutivo hipertrofiado y un Legislativo local que, por comodidad o complicidad, ha renunciado a su facultad de observar y corregir el rumbo de la ciudad.
Centralismo electoral dirigido
Las reformas electorales impulsadas por la administración de Claudia Sheinbaum, bajo la premisa de profundizar la austeridad y la democracia directa, plantean un escenario de centralización que podría comprometer la equidad y la autonomía del sistema democrático en México. El eje central de esta propuesta, que busca la transformación del Instituto Nacional Electoral y la reducción del financiamiento a partidos, se presenta como una respuesta al reclamo social por el alto costo de la política; sin embargo, desde un análisis crítico, estas medidas parecen diseñadas para consolidar la hegemonía del partido en el poder frente a una oposición fragmentada y sin recursos.
Uno de los puntos más controvertidos es la modificación en el método de elección de consejeros y magistrados electorales mediante el voto popular. Esta medida, lejos de ciudadanizar las instituciones, corre el riesgo de politizarlas al extremo, obligando a los árbitros a realizar campaña y, por ende, a buscar el respaldo de estructuras partidistas para alcanzar el cargo. La imparcialidad, que es la piedra angular de cualquier proceso electoral, quedaría subordinada a la popularidad y al control de la narrativa oficial, debilitando el carácter técnico de los órganos que deben garantizar la certeza en las urnas.
Asimismo, la reducción de los plurinominales y el recorte a las estructuras locales sugieren un intento por simplificar el mapa político a favor de las mayorías relativas, lo cual históricamente beneficia a la fuerza dominante. Al debilitar la representación de las minorías y asfixiar presupuestalmente a los órganos locales, la reforma camina hacia un modelo de control centralizado que dificulta la alternancia en los estados y municipios. En última instancia, la propuesta de Sheinbaum se percibe más como una estrategia de ingeniería política para perpetuar un proyecto de nación que como un esfuerzo genuino por fortalecer la pluralidad y la transparencia del sistema electoral mexicano.
El narco gobierna en la Tarahumara: Petty
La presentación del libro Donde hubo bosques de colosos pinares: pedagogía de la resistencia en la Tarahumara de la socióloga y activista Petty Guerrero se convirtió en un potente recordatorio del abandono institucional que sufre la Sierra Tarahumara. Durante el evento, Guerrero lanzó declaraciones contundentes que trascienden el ámbito académico para situarse en el centro del debate sobre la seguridad y la soberanía en Chihuahua. Su denuncia principal se centró en la infiltración del crimen organizado en las estructuras de poder local, afirmando de manera cruda que en diversas regiones de la sierra el crimen ya está legalizado y es el narco quien realmente gobierna.
Este diagnóstico político no es menor, pues cuestiona directamente la eficacia de las estrategias de seguridad tanto estatales como federales. Guerrero argumentó que el despojo de tierras y la explotación de recursos naturales en territorio indígena no son fenómenos aislados, sino parte de un modelo extractivista que se sostiene mediante la violencia sistémica. Al presentar su obra como una pedagogía de la resistencia, la autora no solo documenta el sufrimiento de los pueblos originarios, sino que valida sus formas autónomas de organización frente a lo que ella denomina un modelo capitalista depredador.
Para los actores políticos de la izquierda en Chihuahua, las palabras de Guerrero funcionan como una interpelación ética. Su crítica a la normalización de la violencia en las comunidades rurales obliga a replantear si la agenda de transformación ha logrado penetrar en las zonas más vulnerables del estado. Al señalar que el estado de derecho es inexistente en vastas zonas serranas, Guerrero posiciona la defensa del territorio y la seguridad humana como los grandes pendientes que marcarán la legitimidad de cualquier proyecto político que aspire a representar a Chihuahua en los próximos años.
