Morelia, Michoacán.- La ola de violencia que rodea el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, se intensificó con el hallazgo de dos presuntos cómplices sin vida, uno de ellos un menor de 16 años, a lo largo de la carretera que une Uruapan con Paracho. Este descubrimiento, ocurrido el lunes pasado en el municipio de Capácuaro, suma una tercera ejecución vinculada al crimen que conmocionó a la región el 1 de noviembre, durante las celebraciones del Día de Muertos, y que ya había cobrado la vida del pistolero principal, un joven de 17 años abatido en el lugar de los hechos.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, del partido Morena, confirmó ayer la participación de estos dos individuos en la agresión fatal contra Manzo, basándose en reportes preliminares de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Según las indagatorias, los fallecidos acompañaban al autor material, Miguel Ángel Ubaldo Vidales, originario de Paracho, quien abrió fuego contra el edil en la plaza principal de Uruapan ante cientos de asistentes al Festival de las Velas. Vidales, un adolescente con antecedentes de adicciones, fue sometido por policías municipales que actuaban como escoltas del alcalde, pero terminó ejecutado en un forcejeo que aún genera interrogantes sobre la actuación de las fuerzas de seguridad.
Confirmación federal y dudas sobre el reclutamiento de menores
Ramírez Bedolla enfatizó que la información sobre las ejecuciones en Capácuaro ha sido validada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con quien se compartieron evidencias compulsadas y revisadas en detalle. «Es una información ya fidedigna, que está compulsada y compartida con el secretario», declaró el gobernador durante una rueda de prensa en Morelia, donde también aludió a la necesidad de indagar a fondo el uso de adolescentes en actividades delictivas. El menor de 16 años entre los ejecutados resalta un patrón preocupante en Michoacán, donde grupos criminales reclutan a jóvenes vulnerables para tareas de bajo perfil, como vigilancia o apoyo logístico, en medio de disputas por el control territorial y la extorsión a productores locales.
La fiscalía estatal mantiene abiertas múltiples líneas de investigación, que incluyen el análisis balístico de las armas involucradas, la revisión de comunicaciones entre los implicados y la posible intervención de autores intelectuales aún no identificados. Un punto polémico persiste en torno al abatimiento de Vidales: testigos y videos filtrados en redes sociales sugieren que el joven ya estaba neutralizado cuando recibió el disparo fatal, lo que obliga a escrutar el protocolo de los escoltas asignados a Manzo, ocho policías municipales más 14 elementos de la Guardia Nacional.
Perfil de un alcalde en la mira del crimen organizado
Carlos Manzo, de 40 años y conocido como «el del sombrero» por su estilo carismático y directo, asumió la alcaldía de Uruapan como independiente tras romper con Morena, el partido que lo llevó al Congreso local años antes. Su victoria en las elecciones de 2024 lo convirtió en el primer edil no partidista del municipio, un bastión aguacatero azotado por la violencia entre carteles rivales. Manzo no escatimó en críticas al crimen organizado, ordenando a la policía abatir a delincuentes armados sin miramientos y advirtiendo a madres de no protestar si sus hijos caían en emboscadas estatales.
En los meses previos a su muerte, el alcalde había elevado la voz para exigir refuerzos federales. Hace menos de un mes, protestó por la retirada de 200 guardias nacionales de Uruapan, dejando al ayuntamiento expuesto a extorsiones y amenazas. «No quiero ser otro presidente municipal más de la lista de los ejecutados», había dicho en campaña, reconociendo los riesgos de su postura. En un video reciente, luciendo chaleco antibalas, canceló fiestas patrias por alertas de seguridad y pidió directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum y a García Harfuch que no abandonaran la zona. Tras el homicidio, Sheinbaum condenó el acto y prometió justicia sin impunidad, aunque la familia de Manzo, encabezada por su viuda Grecia Quiroz, ahora alcaldesa interina, urge medidas sostenidas más allá de operativos temporales.
Reuniones de alto nivel y el arranque del Operativo Paricutín
En respuesta inmediata, integrantes del Gabinete de Seguridad federal viajaron a la región para coordinar con Ramírez Bedolla. Las mesas de trabajo incluyeron a Quiroz, quien demandó atención prolongada a la inseguridad, y a representantes del sector aguacatero, golpeado por cobros de piso que escalan hasta miles de pesos por hectárea. De estas sesiones surgió el compromiso de focalizar recursos contra la extorsión, con énfasis en patrullajes reforzados y atención a denuncias ciudadanas.
Uno de los frutos concretos es el Operativo Paricutín, anunciado por García Harfuch, que desplegará más vigilancia en Uruapan y municipios aledaños para cubrir necesidades poblacionales y disuadir reclutamientos forzados. «Nos reunimos con la presidenta municipal para reforzar la vigilancia», detalló el secretario, subrayando que el esquema de protección a funcionarios locales se revisará de inmediato.
