WASHINGTON, D.C. – El Departamento del Tesoro de Estados Unidos intensificó su ofensiva contra las finanzas del Cártel de Jalisco Nueva Generación al sancionar a dos mexicanos y nueve empresas vinculadas a un sofisticado esquema de contrabando de combustible que genera decenas de millones de dólares anuales para la organización criminal. Las medidas, anunciadas este 30 de junio, combinan acciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y una nueva alerta de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) sobre tipologías de lavado usadas en la frontera sur.
Las autoridades estadounidenses destacan que el CJNG, designado como organización terrorista extranjera, ha diversificado sus ingresos más allá del narcotráfico. El huachicol, tanto físico como fiscal, se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento no relacionadas con drogas. Según estimaciones, estos esquemas provocan pérdidas millonarias al erario mexicano y permiten al cártel sostener sus operaciones de tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.
Oscar Guillermo Juraidini Silva aparece como figura central en la operación. Señalado como contador y operador financiero del CJNG, Juraidini crea empresas fantasma, falsifica documentos aduaneros y facilita la importación irregular de combustible desde Estados Unidos hacia México para evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Entre sus compañías sancionadas figuran Centro Cambiario La Peseta, OJ Living Trust, RK Real King, Soma Transporte y Servicios, Ogui Fletes, OF Transportes y la británica Cucumber Sweet Waves Ltd.
Juraidini dirige principalmente a gasolineras como clientes finales, que reciben el combustible y lo comercializan en estaciones de servicio. Las autoridades estiman que su actividad genera decenas de millones de dólares al año que terminan fortaleciendo al cártel.
Junto a él fue sancionado J. Refugio Ruiz Villagomez, vinculado a las empresas Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution. Según la información, Ruiz Villagomez habría pagado cuotas a grupos criminales que controlan cruces fronterizos y participado en importaciones sin los permisos correspondientes de la Secretaría de Energía mexicana. Ambas empresas habrían realizado transacciones por decenas de millones de dólares con actores ligados al CJNG.
Las sanciones bloquean cualquier propiedad o interés de estas personas y entidades bajo jurisdicción estadounidense. Queda prohibido para personas y empresas de EE.UU. realizar transacciones con ellos, bajo riesgo de multas civiles y penales. La OFAC también advierte sobre posibles sanciones secundarias a instituciones financieras extranjeras que mantengan relaciones significativas con los designados.
Esquemas que cruzan la frontera en ambos sentidos
El comunicado detalla dos flujos principales del negocio ilícito. Por un lado, el robo físico de combustible y crudo en México (huachicol tradicional), que incluye tomas clandestinas en ductos de Pemex, sobornos y secuestros de transportes. Parte de ese crudo robado se exporta irregularmente a Estados Unidos, donde se revende como “aceite de desecho” a precios bajos.
Por el otro lado, opera el huachicol fiscal: la importación ilegal de combustible refinado desde EE.UU. hacia México. Cárteles y sus intermediarios utilizan comercializadoras con permisos de distribución pero sin autorización de importación. Compran el producto a distribuidores estadounidenses cómplices, falsifican facturas y documentación aduanera, y lo introducen por carretera, ferrocarril o buques. Una vez en territorio mexicano, el combustible se vende en estaciones controladas por el cártel o en puntos informales a precios competitivos.
FinCEN reportó que, tras su alerta de mayo de 2025 sobre contrabando de crudo, recibió más de 160 reportes de actividades sospechosas por más de 7 mil millones de dólares, principalmente entre Texas, Florida y México. Texas concentra operaciones en ciudades fronterizas como Brownsville, McAllen y Eagle Pass, con participación frecuente de actores del sector energético y transporte.
Los pagos se realizan mediante transferencias internacionales, criptoactivos o depósitos estructurados en efectivo. El dinero ilícito se reinvierte en bienes de lujo, propiedades y activos financieros. En México, parte de las ganancias se destina a financiar campañas políticas y medios para asegurar protección institucional.
El Tesoro subrayó la colaboración con autoridades mexicanas, particularmente con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y con diversas agencias estadounidenses como DEA, HSI, FBI, IRS-CI y CBP, a través de la South Texas Homeland Security Task Force.
Funcionarios destacaron que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia contra los flujos de financiamiento del CJNG, que incluye precursores químicos de fentanilo, lavado de dinero y otras actividades ilícitas. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que el objetivo es cortar las fuentes de ingresos que permiten al cártel continuar traficando drogas mortales que afectan a comunidades estadounidenses.
Expertos consultados indican que el huachicol representa actualmente la principal fuente de ingresos no narcóticos para varios cárteles mexicanos. Reportes públicos sugieren que entre el 25% y 33% del combustible vendido en México podría tener origen ilícito, lo que distorsiona el mercado y genera pérdidas fiscales millonarias para el Estado mexicano.
Las sanciones de este martes se suman a acciones previas de la OFAC contra redes de huachicol en 2024 y 2025. Las autoridades advirtieron que continuarán identificando facilitadores financieros, logísticos y operativos que permiten la expansión de estas actividades.
El mensaje es claro: más allá del combate directo al narcotráfico, Washington busca asfixiar económicamente a las organizaciones criminales mediante la identificación y bloqueo de sus rutas de financiamiento alternativas. El caso del combustible ilustra cómo el CJNG ha profesionalizado sus operaciones, utilizando estructuras empresariales, documentos falsos y complicidades transfronterizas para sostener su poder.
