CIUDAD DE MÉXICO.- El panorama para el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) dio un giro definitivo tras el anuncio de Washington de no renovar el acuerdo, optando en su lugar por un esquema de revisiones anuales durante los próximos diez años. A pesar de que la medida prolonga la incertidumbre para la economía mexicana, la cual concentra el 80 por ciento de sus exportaciones en este mercado, el Gobierno de México afirmó que la decisión ya se anticipaba y mostró cierto alivio de que no se rompiera la mesa de negociación.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, minimizó el impacto inmediato argumentando que si Estados Unidos tuviera la intención de abandonar el pacto, ya lo habría hecho. El funcionario federal destacó que las mesas de trabajo bilaterales continuarán activas y confirmó que el próximo encuentro está programado para el 20 de julio en la capital mexicana, donde confía en resolver las diferencias con sus contrapartes estadounidenses.
De acuerdo con la Secretaría de Economía, existe una agenda de 14 temas pendientes por resolver. El principal reclamo de la Oficina Comercial de Estados Unidos (USTR) se centra en la pérdida de empleos manufactureros y el déficit comercial. Ante esto, la estrategia mexicana contempla impulsar la producción regional de bienes faltantes para equilibrar la balanza y proponer una reducción a los aranceles de la sección 232 aplicados al acero, el aluminio y el sector automotriz.
El Centro Estratégico de Estudios Internacionales (CSIS) señaló que para México y Canadá este escenario representa una apuesta calculada a largo plazo. Consiste en aceptar los costos inmediatos de la incertidumbre con la esperanza de que una futura administración en la Casa Blanca muestre menor hostilidad, mientras que para Washington permite mantener el pacto vigente hasta las elecciones intermedias de noviembre.
Sin embargo, el sector financiero y las cámaras empresariales muestran posturas divididas. Analistas de Finamex advirtieron que la incertidumbre pasará a ser una característica permanente del marco institucional, mientras que Banamex estimó que la falta de claridad ya impactó negativamente el crecimiento del PIB y seguirá afectando los flujos de inversión.
Por su parte, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) lamentó la decisión y urgió a tomar acciones debido a la desventaja que generan los aranceles vigentes. En contraste, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), a través de su presidente José Medina Mora, prefirió mantener una visión optimista, recordando que el tratado sigue vigente hasta 2036 y confiando en que este proceso derivará en un acuerdo fortalecido para las cadenas productivas nacionales.
