Ciudad de México.- En sesión vespertina del martes 17 de febrero, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 448 votos a favor, el dictamen que adiciona los artículos 64 Quáter y 64 Quintus a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La reforma contó con el respaldo de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC.
El artículo 64 Quáter define como acoso sexual las acciones, comportamientos, expresiones físicas o verbales, o cuestionamientos de tipo sexual que realice una persona servidora pública con el propósito de causar perjuicio a otra persona.
El artículo 64 Quintus establece el hostigamiento cuando una servidora o servidor público, valiéndose de su posición jerárquica, ejerce conductas reiteradas —físicas, verbales o de cualquier tipo— con fines sexuales, ofensivos o degradantes contra una persona subordinada, también con intención de perjudicarla.
El dictamen, ya turnado al Senado para sus efectos constitucionales, argumenta que estas conductas provocan daños graves a la integridad física y psicológica de las víctimas, vulneran derechos fundamentales y generan entornos laborales hostiles. La reforma busca armonizar el marco normativo ético que rige el comportamiento de servidores públicos y particulares en las instituciones.
La diputada Lilia Aguilar Gil (PT), impulsora de la iniciativa, explicó que el cambio califica el acoso sexual y el hostigamiento como faltas administrativas graves, lo que conlleva el despido inmediato. Las personas sancionadas serán inscritas en el Sistema Nacional de Servidores Públicos Sancionados y en la Plataforma Digital Nacional, impidiendo su recontratación en cualquier dependencia pública. Las instituciones tendrán la obligación de consultar este registro antes de contratar personal.
Aguilar Gil destacó que estas conductas afectan principalmente a las mujeres —con un 90% de los casos reportados—, aunque pueden ocurrir en cualquier nivel jerárquico. Muchas veces se apoyan en la superioridad física, el miedo o amenazas. Subrayó que solo alrededor del 2% de las víctimas denuncia, por lo que la reforma pretende facilitar más denuncias y cortar la impunidad que permitía a los agresores pasar de un empleo público a otro sin consecuencias.
Con esta modificación, aprobada en el marco del “2026, Año de Margarita Maza Parada” y bajo el lema de la LXVI Legislatura “Soberanía y Justicia Social”, se fortalece la protección laboral y la lucha contra prácticas que atentan contra la dignidad en el servicio público.
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