Chihuahua, Chih.- El Congreso estatal aprobó por mayoría un punto de acuerdo para pedir al Senado y a la Cámara de Diputados federal que rechacen la iniciativa de reforma a la Ley Nacional de Aguas enviada por el Ejecutivo en octubre pasado. Los legisladores consideran que el proyecto vulnera derechos adquiridos y amenaza la sobrevivencia de miles de productores agrícolas pequeños y medianos.
El promotor del exhorto, diputado Arturo Zubía Fernández, advirtió que la aprobación significaría “el tiro de gracia” para el campo chihuahuense. Según su análisis, la reforma centraliza en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) todas las decisiones sobre concesiones, permisos y reasignaciones, dejando a los organismos de cuenca con funciones meramente decorativas.
Entre los cambios más graves señalados por Zubía destacan la caducidad automática de las concesiones actuales, que obligaría a los titulares a tramitar nuevos títulos sin garantía de obtenerlos; la eliminación del régimen de transmisión entre particulares, lo que impediría heredar o vender derechos de agua, y la incorporación de conceptos ambiguos como “seguridad hídrica nacional” que facultarían a la autoridad federal para negar o revocar permisos de manera discrecional.
El legislador panista recordó que Chihuahua aporta más del 12 % de la producción agrícola nacional y que gran parte de esa actividad depende de concesiones otorgadas hace décadas. “Quieren resolver en una sola reforma lo que no han podido regular en siete años de irregularidades, pero a costa de quitarles el agua a quienes sí producen alimentos todos los días”, afirmó.
La preocupación trasciende colores partidarios. Durante la sesión, diputados de Morena, PRI y MC coincidieron en la necesidad de proteger a los usuarios legítimos mientras se combate el mercado ilegal de derechos de agua y la sobreexplotación de acuíferos. Fuentes del Congreso local indicaron que ya preparan reuniones con las bancadas federales de todos los partidos para evitar que la iniciativa avance en el periodo ordinario que inicia en febrero.
Organizaciones como la Unión de Productores Agrícolas de Chihuahua y el Consejo Estatal Agropecuario respaldaron el posicionamiento y anunciaron que mantendrán vigilancia permanente en la Ciudad de México. Advirtieron que, de aprobarse la reforma en sus términos actuales, estarían dispuestos a interponer controversias constitucionales y amparos masivos.
Hasta el cierre de esta edición, la iniciativa presidencial permanece en comisiones de la Cámara de Diputados sin fecha definida para dictamen. Legisladores chihuahuenses de extracción morenista consultados por separado reconocieron que existen observaciones técnicas de fondo y que buscarán modificaciones que garanticen la certeza jurídica de los actuales concesionarios antes de cualquier votación.
