Ciudad de México.- Los diputados federales del PRI por Chihuahua presentaron un exhorto urgente al Ejecutivo Federal para cerrar temporalmente la frontera sur de México a las importaciones de carne de Sudamérica, salvo que cumplan con estándares sanitarios equivalentes o superiores a los nacionales.
La propuesta busca proteger la sanidad animal, la soberanía alimentaria y la economía rural, ante un déficit comercial cárnico superior a 1,000 millones de dólares, importaciones récord que superan exportaciones, y riesgos sanitarios por carne de países como Brasil, Argentina y Uruguay sin controles rigurosos. También critica la competencia desleal, ya que México enfrenta restricciones para exportar a EE.UU. (e.g., por el gusano barrenador), mientras importaciones sin aranceles, vía programas como el PACIC, erosionan precios internos y afectan empleos rurales. Se exige condicionar el ingreso de carne extranjera a normas mexicanas verificables.
La iniciativa fue impulsada por los diputados federales por Chihuahua del Partido Revolucionario Institucional: Graciela Ortiz González, Antonio «Tony» Meléndez, Alejandro «Alex» Domínguez y Noel Chávez, con el respaldo del dirigente del PRI Estatal. Alex Domínguez destacó: “El campo mexicano no aguanta más políticas que lo abandonan. Exigimos reglas justas, comercio responsable y defensa total de nuestra sanidad animal y producción nacional”.
El contexto de la propuesta incluye una crisis en el sector ganadero, agravada por la reintroducción del gusano barrenador, posiblemente vía importaciones no controladas, causando pérdidas de 250 millones de dólares en Chihuahua, principal exportador de ganado. En 2025, las importaciones de carne sudamericana crecieron un 25%, mientras el PACIC ha reducido precios internos en 20-30%, afectando a 80,000 productores. La medida busca reducir la dependencia importada en un 15-20% a corto plazo, fortaleciendo a productores locales. En X, figuras como Manlio Fabio Beltrones y medios como Pausa.Mx han apoyado el exhorto, criticando la negligencia federal. La aprobación podría estabilizar el mercado, pero enfrenta retos como tensiones con Mercosur y la necesidad de financiar inspecciones.
